La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha criticado abiertamente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su falta de acción en la contención de los precios del alquiler. Martínez Barbero sostiene que no solo se trata de un incumplimiento hacia la ciudadanía, sino que las medidas que se han propuesto están tan distantes que ni siquiera han llegado al Boletín Oficial del Estado, lo que refleja una escasa valentía por parte del gobierno.

En una reciente entrevista con Europa Press, Martínez Barbero enfatizó que el pacto de gobierno con el PSOE tenía como objetivo primordial facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, a medida que avanza la legislatura, las soluciones que deberían haberse implementado parecen no materializarse o, cuando lo hacen, carecen de la audacia necesaria para abordar la crisis habitacional que afecta a un gran número de ciudadanos.

“Ya no es solo que las medidas no alcancen a la población, es que ni siquiera tienen presencia en el BOE”, lamentó Martínez Barbero. Esta declaración subraya su posicionamiento firme, afirmando que la distancia entre Sumar y su socio de gobierno no es mayor por la cuestión de la gestión de la vivienda, sino porque se han percatado de que el Gobierno en su conjunto no está tomando las riendas de un asunto tan crítico para la sociedad.

Martínez Barbero instó a la ministra a prestar atención a las demandas de la ciudadanía, que exige acciones contundentes para frenar la especulación y el aumento desmedido de precios. “Necesitamos dar un paso al frente, debemos atrevernos ya”, destacó, poniendo de manifiesto la urgencia de actuar en este ámbito.

Además, la portavoz de Sumar ha defendido que su organización está presentando propuestas concretas, como una iniciativa legislativa que se tramita en el Congreso para regular el alquiler de temporada. También ha propuesto acceder a los fondos estatales solo si las comunidades autónomas gobernadas por el PP cumplen con la Ley de Vivienda, en un intento por garantizar un control efectivo del mercado de alquiler.

Dentro de la serie de propuestas que tiene Sumar para los próximos Presupuestos Generales del Estado, se incluye la creación de un contrato indefinido de alquiler, así como la asignación del 1% del PIB anualmente para desarrollar vivienda pública asequible, respaldada por un fondo destinado a la construcción de 40,000 viviendas. Además, han planteado la ambiciosa construcción de 500,000 unidades de vivienda pública, con rents accesibles de al menos 400 euros al mes.

Martínez Barbero también ha señalado la “notable diferencia” entre la actuación de la ministra de Vivienda y la de Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales de Sumar, quien se ha mostrado proactivo frente a la problemática de las plataformas de alquiler de pisos turísticos. Su cartera ha tomado medidas al abrir un expediente sancionador a una plataforma que no retiró anuncios de alojamientos que funcionaban sin licencia, lo que refleja un compromiso con la regulación del sector.

Un aspecto que Martínez Barbero enfatizó es la necesidad urgente de detener la especulación en áreas con un mercado de vivienda tenso, dado que esta situación ha contribuido a un aumento del 78% en los precios en la última década, fenómeno que ha llevado a muchas personas a ser desplazadas de sus vecindarios.

En cuanto al proyecto de una empresa pública de vivienda, mencionado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Martínez Barbero ha manifestado que esta iniciativa debe complementarse con otras medidas para no quedarse corta ni ser insuficiente. “La base de cualquier política efectiva debe ser un fuerte compromiso con la vivienda pública duradera”, ha aseverado.

Añadió que es fundamental que la propiedad del parque de vivienda pública permanezca en manos del Estado y no se permita su transacción al mercado privado, un paso que podría causar más especulación y desajustes en el acceso a la vivienda.

“¿Una agencia pública de vivienda? Estoy de acuerdo, siempre y cuando se base en criterios realistas que nos ayuden a controlar y frenar el continuo ascenso de los precios”, concluyó Martínez Barbero. Además, cuando se le preguntó si esa empresa debería operar como una inmobiliaria pública, fue categórica: “Por supuesto, la vivienda pública debe mantenerse pública”, enfatizó con firmeza.

Por último, cabe recordar que el pasado 12 de diciembre el Congreso, a través de una proposición no de ley consensuada entre Sumar y Podemos, instó al Gobierno a garantizar que la empresa pública de vivienda utilice los activos de la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a proyectos de vivienda social y asequible, resaltando la necesidad crítica de una acción decidida en este sector.