24h España.

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Sumar propone impedir financiamiento a empresas en zonas ocupadas de Palestina y Sáhara.

Sumar propone impedir financiamiento a empresas en zonas ocupadas de Palestina y Sáhara.

Una propuesta de ley ha sido presentada en el Congreso por Sumar para regular las relaciones comerciales en territorios ocupados militarmente, como Palestina y el Sáhara Occidental. Se busca evitar que empresas que operan en estas zonas puedan acceder a concursos públicos o recibir subvenciones del gobierno.

MADRID, 5 de junio.

El objetivo de esta iniciativa, según explican desde el partido socio minoritario de la coalición de Gobierno, es asegurar que las empresas no participen en actividades que infrinjan el Derecho Internacional ni se beneficien económicamente de dinero público.

Se hace referencia al reciente requerimiento del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a las empresas españolas en Israel para garantizar que su actividad no contribuya al "genocidio" en Gaza.

El texto de la propuesta menciona a Palestina como un caso paradigmático con resoluciones de la ONU pidiendo a Israel que cese la anexión de territorio y calificando de ilegales las ocupaciones en la zona palestina.

Asimismo, se destaca que el problema de las actividades comerciales en territorios "ilegalmente ocupados" se extiende a casos como el Sáhara Occidental, Crimea o Chipre, donde la ONU y decisiones judiciales han reafirmado la necesidad de respetar el derecho internacional y la integridad territorial de los Estados afectados.

En el caso saharaui, Sumar lamenta la participación de España en relaciones comerciales con empresas que explotan ilegalmente recursos en territorios ocupados.

El documento resalta la obligación de España de evitar la complicidad en violaciones de los Derechos Humanos y sostiene que este deber se extiende a las multinacionales según lo establecido por la ONU.

Sumar aboga por establecer sanciones a empresas que comercialicen productos obtenidos en territorios ocupados ilegalmente, incluyéndolo como contrabando, con penas de entre cinco y diez años.

Además, propone que el sector público no otorgue contratos, subvenciones o convenios de colaboración a empresas con actividad en estos lugares. Se menciona la participación de diputados como Enrique Santiago (IU) y Txema Guijarro (Sumar) en la elaboración de esta ley, así como la parlamentaria de Más Madrid, Tesh Sidi, de origen saharaui, quien considera coherentes estas medidas con el reconocimiento del Estado palestino para fomentar un comercio ético y evitar que Marruecos o Israel se beneficien de los territorios ocupados.