En una reciente declaración emitida desde el Congreso, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha desvelado un ambicioso conjunto de 15 medidas destinadas a combatir la corrupción en el país. Estas propuestas incluyen el endurecimiento de las penas para delitos relacionados con la corrupción, la ampliación del periodo de prescripción y la formulación de listas negras que prohibirán a las empresas condenadas participar en contratos con la administración pública.
La comparecencia de Sánchez se produjo en un contexto complicado, tras la detención de su excolaborador Santos Cerdán, que enfrenta acusaciones graves de recibir sobornos. En este marco, el presidente también anunció su intención de establecer una agencia anticorrupción que funcione de manera autónoma y propuso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ofrecer mayor protección a aquellos ciudadanos que se atrevan a denunciar actos de corrupción.
El mandatario español subrayó que estas iniciativas han sido desarrolladas a lo largo del último mes, en colaboración con su socio de coalición Sumar y con asesoría de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que refleja un esfuerzo por mejorar la integridad del sistema político.
Además, Sánchez reveló su plan de crear nuevas secciones específicas para el tratamiento de delitos contra la administración pública, incorporando "jueces especializados" que se encargarán de estos asuntos. Se asegurará que también se implementen procedimientos sumarios en casos que involucren a funcionarios públicos, con el fin de prevenir retrasos que puedan socavar la confianza ciudadana en las instituciones.
