El Ministerio de Trabajo y Economía Social de España ha anunciado la convocatoria de una reunión con los agentes sociales para el próximo viernes, 16 de enero, a las 09:00 horas. El objetivo de este encuentro es avanzar en las negociaciones sobre el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) previsto para 2026, según han indicado fuentes sindicales a Europa Press.

En la última reunión, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, propuso a las organizaciones CCOO, UGT, CEOE y Cepyme un incremento del 3,1% en el SMI para 2026, lo que elevaría su valor hasta los 1.221 euros mensuales distribuidos en catorce pagas, y sin que esta cantidad esté sujeta a tributaciones en el IRPF. Este aumento representaría un incremento de 37 euros mensuales respecto a la cifra actual y sería aplicado de forma retroactiva desde el 1 de enero, una vez sea ratificado.

Esta propuesta está alineada con las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en cuestiones relacionadas con el SMI. Este organismo había sugerido un aumento del 3,1% manteniendo la exención fiscal, o un aumento del 4,7% si se decidiera gravar el salario mínimo.

Para facilitar la aceptación de la CEOE, el Ministerio de Trabajo también se ha comprometido a estudiar con seriedad la posible modificación de las reglas de desindexación en los contratos públicos. Esta cuestión ha sido demandada tanto por organizaciones sindicales como por la patronal, y se había presentado como una de las condiciones para que la CEOE respaldara las subidas del SMI en los años anteriores, aunque sin éxito.

Además, la indexación del SMI a los contratos públicos se ha reafirmado como una de las prioridades del Ministerio de Trabajo, que ha reiterado la necesidad de explorar cómo se pueden ajustar las normas fiscales y laborales para gestionar mejor el impacto salarial en el ámbito de la contratación pública, una propuesta que ha encontrado históricamente resistencia por parte del Ministerio de Hacienda.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, reconoció en una reciente entrevista que existe una discrepancia con el Partido Socialista en torno a estas cuestiones. A pesar de esto, el Ministerio está decidido a buscar un acuerdo con otros ministerios lo antes posible sobre cómo relajar las reglas de desindexación en ciertas condiciones laborales. Esto se enmarca dentro de la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, que también abordará el diálogo social tripartito en relación a la reforma de compensación y absorción, con el fin de asegurar que los incrementos del SMI no sean absorbidos por complementos salariales.

Después de la última reunión, los agentes sociales se han comprometido a analizar la propuesta del Gobierno en sus respectivos espacios de decisión. A pesar de ello, todo apunta a que tanto CCOO como UGT respaldarán el acuerdo si no se producen cambios significativos.

La patronal, en cambio, ha adoptado una postura más cautelosa y no ha manifestado su posición ante la propuesta del Gobierno. Sin embargo, tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos han destacado la actitud constructiva de la CEOE en este proceso de negociación, lo que lleva a Pérez Rey a mantener la esperanza de que la patronal se una al acuerdo.

Los sindicatos han planteado un aumento del 7,5% con tributación en el IRPF, y consideran que el incremento del 3,1% sin tributación está por encima de la inflación media proyectada para 2025, que es del 2,7%. Esto facilitaría la cobertura del aumento del coste de vida, además de alinearse con la recomendación de la Carta Social Europea de alcanzar el 60% del salario medio neto.

Desde el sector empresarial, fuentes han indicado a Europa Press que la posición de la CEOE sobre la subida del SMI se definirá tras el análisis de la reunión del viernes. La patronal ha sugerido un aumento del 1,5%, dejando el SMI en 1.202 euros brutos mensuales.

El Ministerio de Trabajo espera aprobar la subida del SMI de manera separada, aunque como parte de un acuerdo más amplio que contemple también réformes en las reglas de absorción. Esto se enmarca en la directiva europea de salarios mínimos.

Sin embargo, la reforma relacionada con las reglas de absorción podría no ser fácil de alcanzar. Las demandas del Ministerio y de los sindicatos contrastan con el rechazo expresado por la CEOE.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha afirmado que los sindicatos no están dispuestos a dejar de lado la reforma y que debería discutirse en el Consejo de Ministros el mismo día en que se apruebe el SMI para 2026, aunque su implementación pueda retrasarse debido al proceso que debe seguir.

Se prevé, no obstante, que el SMI este año mantenga su exención tributaria, acorde con el consenso alcanzado por el Ministerio de Trabajo con Hacienda, que tiene competencia en esta materia, tal como confirmó el propio Pérez Rey.

El Ministerio de Hacienda ha mostrado disposición a revisar la deducción actual en el IRPF para adaptarla al nuevo SMI, pero esta solución no ha sido bien recibida por el secretario general de UGT, quien ha calificado esta medida de simple "parche".

Por el momento, el SMI ha comenzado 2026 con los mismos 1.184 euros mensuales que tenía al finalizar 2025. Esta cuantía fue establecida tras la subida del 4,4% acordada por el Gobierno en febrero de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. Este aumento fue fruto de un pacto entre el Ministerio y los sindicatos, los cuales negociaron al margen de la patronal, que no participó en el acuerdo por quinto año consecutivo.

La última vez que la CEOE y Cepyme respaldaron un aumento en el SMI fue en 2020, cuando se incrementó de 900 a 950 euros al mes. Aunque el Ministerio de Trabajo no está obligado a negociar, suele buscar el consenso con los sindicatos y empresarios en este asunto.