En un reciente análisis sobre la situación de las rentas mínimas en España, se ha evidenciado que un total de 13 comunidades autónomas han llevado a cabo drásticos recortes en este tipo de ayudas, destacando los casos de Madrid y Aragón, que han reducido su gasto en más de un 90% desde la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020. Esta información ha sido proporcionada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que pone de manifiesto la preocupante tendencia en el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.

Según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) del año 2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las rentas mínimas de inserción han disminuido en promedio un 15,9% en todo el país desde que se instauró el IMV. Este dato revela cómo, a pesar de la necesidad de respaldar a los sectores más desfavorecidos, muchas comunidades optaron por priorizar otros gastos en lugar de fortalecer estas ayudas esenciales.

Las comunidades autónomas que han hecho las mayores reducciones en sus rentas mínimas son Aragón y Madrid, con recortes de 96,2% y 91,1%, respectivamente. Otras regiones, como Castilla-La Mancha (-82,2%), Castilla y León (-69,7%) y Andalucía (-65,4%), también han seguido esta pauta negativa. En contraste, hay territorios que han incrementado su presupuesto en rentas mínimas, como Canarias, que ha aumentado su gasto en un 103%, y Baleares, con un incremento del 74,7%. Estas disparidades reflejan una preocupación creciente sobre el modo en que se gestionan las ayudas en diferentes partes del país.

La Asociación ha señalado que estas reducciones drásticas de los presupuestos de las RMI representan un giro significativo en comparación con la tendencia al alza que se observaba desde 2011, resultando en una pérdida total de 320 millones de euros en los últimos tres años. De este modo, el compromiso del gobierno central de garantizar un ingreso mínimo vital para las familias más necesitadas se ve comprometido por la falta de apoyo económico en el ámbito local.

Además, la asociación denuncia que muchos gobiernos autonómicos han redirigido estos “ahorros” provenientes de recortes en las RMI a otras áreas que no están necesariamente vinculadas a los servicios sociales. Aunque se reconoce que en algunas comunidades, como Castilla y León y Madrid, se ha decidido destinar parte de estos fondos a fortalecer otros servicios sociales, todavía persiste la incertidumbre sobre la efectividad de tales medidas.

Un dato alarmante es que solo el 5,9% de la población española que vive por debajo del umbral de la pobreza ha accedido a las rentas mínimas ofrecidas por las comunidades autónomas. Este porcentaje ha ido disminuyendo desde 2015, con una ligera excepción durante el 2020, año que marcó un pico del 8,7% debido a la crisis sanitaria. Esto pone de relieve la ineficacia de las políticas actuales para abordar el problema de la pobreza.

Las disparidades entre comunidades son notables, con el País Vasco (51,2%) y Navarra (38,2%) mostrando porcentajes elevados de su población en situación de pobreza que recibe estas ayudas. Sin embargo, existen cinco comunidades donde las RMI no alcanzan ni al 2% de las personas en riesgo. En particular, Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%), Andalucía (0,7%) y Castilla-La Mancha (0,3%) presentan cifras alarmantemente bajas, y en Aragón, la cuantía media disponible apenas logra alcanzar el 1% de la renta media de la comunidad.

En términos de cuantía media, las RMI en España representan el 15,9% de la renta media por hogar, una cifra que, aunque ha experimentado un ligero aumento, continúa siendo considerada “extremadamente baja” por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Por otra parte, las cuantías más elevadas en relación a la renta media de los hogares se encuentran en Baleares (36,4%), Cataluña (18,3%), Canarias (17,9%), Asturias (16,5%) y Comunidad Valenciana (15,2%). En contraste, las cifras son desalentadoras en Murcia (9%), Madrid (9,1%) y Aragón, cuya RMI representa apenas el 0,7% de la renta media de sus hogares.