En un nuevo desarrollo del caso que sacude a las instituciones canarias, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho revelaciones dramáticas sobre el papel del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien en su momento como presidente de Canarias habría exigido "pagos pendientes" relacionados con contratos de mascarillas. Esta información fue integrada por los investigadores en un informe que ha llegado a manos del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encargado de investigar el 'caso Koldo'.

El documento de la UCO detalla cómo Koldo García, un individuo con notable influencia en la administración pública, recibió comunicaciones donde se evidenciaba esta dinámica de favoritismo. Torres, según los hallazgos, se vio obligado a intervenir directamente para asegurar la liquidación de deudas pendientes hacia la empresa Soluciones de Gestión, la cual habría obtenido contratos de manera cuestionable.

Los mensajes entre Torres y Koldo son esclarecedores. En uno de ellos, Koldo le envía a Torres una captura de una conversación previa, revelando que el ministro le había avisado sobre una inminente llamada a Antonio Olivera. En este mensaje, Torres confirma que "estoy encima de tu pago" y asegura que "ya está validado el material", a pesar de los múltiples problemas conocidos asociados a las mascarillas adquiridas.

El informe de la UCO destaca que la cifra total gastada por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud para la compra de estas mascarillas asciende a más de 12 millones de euros, lo que pone en tela de juicio la transparencia y la ética de las decisiones tomadas en el contexto de la crisis sanitaria.