En una reciente decisión, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Ceuta ha anulado las devoluciones sumarias de dos ciudadanos marroquíes que ingresaron de manera irregular en la ciudad autónoma por mar. De acuerdo con las sentencias emitidas en enero y septiembre, el juez determinó que ambas personas fueron expulsadas a Marruecos sin el acompañamiento de un abogado o intérprete.

Según la resolución judicial del 4 de septiembre, en el caso de uno de los migrantes interceptado por la Guardia Civil al intentar entrar a Ceuta nadando, el juez consideró que la entrega a las autoridades marroquíes se realizó al margen del procedimiento y sin una base legal que lo respaldara. El individuo fue trasladado a la Comandancia Fiscal y de Fronteras y luego entregado sin seguir un proceso administrativo adecuado.

En la otra sentencia, el ciudadano marroquí fue detenido en la zona del Sarchal de Ceuta junto con otros migrantes, y también fue entregado a las autoridades marroquíes sin un procedimiento administrativo apropiado ni asistencia letrada. El juez determinó que esta acción fue realizada al margen de la ley.

Es importante destacar que el juez ha ordenado la restitución de la situación inicial de los migrantes y ha reconocido su derecho a regresar a España para iniciar un proceso adecuado de devolución o solicitar protección internacional, aunque ha desestimado la solicitud de indemnización de 6.000 euros presentada por los migrantes.

Organizaciones como Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes han celebrado estas decisiones judiciales, considerándolas un avance en la protección de los derechos de las personas que llegan a territorio español de manera irregular. Exigen el cese de prácticas ilegales en las devoluciones, el respeto estricto de los derechos procedimentales de los migrantes y una gestión fronteriza acorde con los Derechos Humanos.

Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios, expresó su preocupación por las prácticas que limitan los derechos de las personas migrantes, señalando que un estado de derecho sólido debe proteger a los más vulnerables. Francesca Fusaro, de No Name Kitchen, destacó la importancia de esta sentencia para la defensa de los derechos humanos de los migrantes, mientras que Javier Moreno Gómez, abogado del SJM, subrayó la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir y rendir cuentas de las actuaciones administrativas contrarias a la ley.