En una respuesta contundente, la patronal de los seguros, Unespa, ha rechazado las afirmaciones del informe titulado 'Muface: del seguro privado al sistema nacional de salud', un documento reciente publicado por el Ministerio de Sanidad que sugiere la posibilidad de integrar a los funcionarios mutualistas en el sistema público de salud.

Según Unespa, las aseguradoras que ofrecen servicios a las mutualidades de funcionarios, como Muface, no son responsables de la selección de riesgos entre los pacientes. La entidad argumenta que el informe del Ministerio de Sanidad, que considera viable y razonable esta transición hacia el sistema público, no refleja la realidad de su funcionamiento.

Desde Unespa, se defiende que las empresas aseguradoras que forman parte del concierto de Muface no utilizan criterios de rentabilidad en su atención a los pacientes. La organización rechaza la idea de que las compañías elijan a qué funcionarios atienden, subrayando que, en realidad, son los propios funcionarios quienes deciden cada año el régimen al que desean acogerse, obligando a las aseguradoras a ofrecer sus servicios con todas las garantías necesarias.

Asimismo, Unespa enfatiza que una gran mayoría de funcionarios, un 80%, opta por las aseguradoras privadas debido a la alta calidad del servicio que han recibido durante décadas, lo que contradice la premisa de que existan cualquier tipo de criterios de selección negativa por parte de estas entidades.

Además, la organización destaca que el acuerdo que regula las mutualidades impone a las aseguradoras la obligación de financiar tratamientos dentro del sistema público. En este contexto, insiste en que los costes de dichos tratamientos deben ajustarse a las tarifas que impone la sanidad pública.

Unespa ha expresado su preocupación por la creciente infrafinanciación del modelo de atención a los mutualistas, argumentando que esta descompensación ya supera el 40% en comparación con el promedio de recursos que recibe la sanidad pública por paciente.

Por otro lado, la patronal asegura que las aseguradoras que están bajo el convenio de Muface—Adeslas, Asisa y DKV—continuarán ofreciendo atención sanitaria de forma regular a los funcionarios hasta el 31 de enero, tal como estipula el convenio vigente. Además, reiteran su compromiso de mantener el mismo estándar de calidad y cobertura que siempre han proporcionado.

El convenio actual, que incluye una cláusula de prórroga en caso de que no se adjudique el servicio antes del 31 de diciembre, permite que estas aseguradoras sigan atendiendo a los usuarios hospitalizados hasta el 31 de marzo de 2025. Esto aseguraría que los pacientes en tratamiento no queden desprotegidos en el proceso de transición.

No obstante, el informe de Sanidad enfatizaba que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, el actual concierto puede prorrogarse hasta por nueve meses, período que la Administración podría utilizar para facilitar la integración de los funcionarios al sistema público de salud.