En un giro inesperado en el caso Koldo, el exministro José Luis Ábalos ha decidido solicitar al Tribunal Supremo la constitución de un jurado popular para que lo juzgue por las acusaciones relacionadas con la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria. Ábalos se encuentra actualmente en prisión provisional, y su defensa argumenta que este formato de juicio, encabezado por ciudadanos comunes, es el más adecuado para abordar las irregularidades que se le imputan.

La solicitud de Ábalos, a la que tuvo acceso Europa Press, viene acompañada de un razonamiento jurídico que se basa en precedentes como el del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. La defensa sostiene que tres de los delitos que se le atribuyen al exministro —cohecho, tráfico de influencias y malversación— son, según la Ley Orgánica de Tribunal de Jurado, idóneos para ser juzgados por un grupo de ciudadanos.

Según el documento presentado, hay otros dos delitos mencionados en la acusación, organización criminal y uso de información privilegiada, que no serían competencia del jurado popular. No obstante, los letrados argumentan que la mayoría de las imputaciones sí calzan dentro del ámbito de actuación del jurado, lo que deberían llevar a revocar el juicio por un tribunal de magistrados.

La defensa de Ábalos también enfatiza que, aunque el exministro se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, la ley permite que su caso sea visto por un jurado popular, argumentando que "la competencia del Tribunal Supremo no se pierde" por el hecho de que el juicio se realice con esta modalidad especial, compuesta por un magistrado y nueve jurados.

Además, el escrito de la defensa señala que el jurado popular debe ser constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial, o en los tribunales pertinentes correspondientes al aforamiento del acusado. De esta manera, Ábalos busca establecer un paralelismo con el caso de Camps, quien también fue juzgado por la aceptación de regalos y recibió una sentencia favorable tras ser tratado en un procedimiento similar ante un jurado.

Es importante destacar que Ábalos se convierte en el primer diputado nacional en activo en ser encarcelado, y enfrenta potenciales condenas de hasta 30 años de prisión por las acusaciones de presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas. La situación plantea un debate significativo sobre la responsabilidad política y el control judicial en casos de corrupción durante situaciones de emergencia sanitaria.