Madrid, 13 de enero.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha tomado la iniciativa durante la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo, que busca investigarle en relación al controvertido 'caso Koldo'. En este contexto, Ábalos ha pedido amparo tanto a la Comisión del Estatuto del Diputado como a la Mesa del Congreso, argumentando que está siendo objeto de una "operación" destinada a desprestigiarlo e incriminarlo mediante la divulgación de informes filtrados por la Unidad Central Operativa (UCO), que aluden a un supuesto cobro de comisiones en la concesión de contratos públicos para la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria.

Este lunes, el político comparecerá de manera presencial ante la Comisión del Estatuto del Diputado, encargada de tramitar la petición del Supremo. Además, ha hecho público un extenso documento de 88 páginas que planea presentar ante este organismo, donde enfatiza que es objeto de una investigación "prospectiva" e "irregular", en el que detalla las diversas acciones judiciales que ha ido llevando a cabo.

En su exposición, Ábalos, quien también fue secretario de Organización del PSOE, destaca que todas las filtraciones proceden desde febrero de 2024, marcadas por la "confiabilidad y credibilidad" que se le atribuyen a las fuentes de la UCO. Asegura que estas filtraciones parecen no admitir contradicción y han permanecido alineadas, con un tono prospectivo que lo involucra directamente.

En su denuncia, el exministro señala que el objetivo de estas filtraciones ha sido "construir un relato interesado" que se ofrezca a la opinión pública a través de un análisis mediático que califica como "controlado, sectario y malintencionado". Afirma que el propósito subyacente es su "desprestigio", deshumanización e incriminación en el ya mencionado 'caso Koldo'.

Ábalos añade que esta estrategia también ha sido utilizada contra otros altos cargos del PSOE y su exasesor en Transportes, Koldo García, acusando a la "derecha y la ultraderecha en su conjunto" de buscar deslegitimar al Gobierno progresista, actuando bajo la premisa de que el poder les corresponde por derecho. “Esto explica lo sucio e irregular de esta operación”, concluye.

En su argumentación, el exministro evoca otros casos similares que, a su juicio, tienen el mismo objetivo de desprestigiar a las formaciones políticas de izquierda, citando el espionaje a diputados de Podemos y Sumar como ejemplos. Estima que estos hechos constituyen una nueva afrenta al Congreso y a la democracia parlamentaria, pues buscan subvertir la voluntad expresada por el electorado en las elecciones.

“Ni la impunidad, ni la persecución mediática, judicial y policial pueden formar parte de la esencia de nuestra democracia. Un estado de derecho pleno y una tutela judicial efectiva deben respaldar y garantizar nuestros derechos políticos”, enfatiza quien fuera el 'número dos' del PSOE bajo la dirección de Pedro Sánchez.

Por ello, dado lo que describe como "interferencias" en relación con su aforamiento como diputado electo, ha solicitado el amparo de la Comisión del Estatuto del Diputado y de la Mesa del Congreso, alegando haber sido "violentado" en el ejercicio de su función de representación parlamentaria.