La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha lanzado una seria advertencia este lunes sobre la grave situación industrial y económica que enfrenta España debido a la falta de ayudas para fomentar la demanda de vehículos eléctricos de batería (BEV). En un comunicado difundido esta mañana, la organización enfatiza que una respuesta efectiva es urgentemente necesaria para evitar un descalabro del sector.

La preocupación de Aedive radica en el impacto negativo que ha tenido el reciente rechazo parlamentario a la ampliación de las ayudas para el vehículo eléctrico. Este desenlace ha sido un golpe duro para el ecosistema empresarial, industrial, tecnológico y de servicios en el país, especialmente tras la no aprobación del 'decreto ómnibus' en el Congreso de los Diputados el 22 de enero.

En este contexto, Aedive hace un llamado a los líderes políticos para que actúen con "racionalidad y altura de miras", instándoles a llegar a acuerdos de manera rápida con el fin de reactivar un plan de incentivos que sea eficaz, similar al Plan Moves III que dio esperanzas recientemente.

La asociación resalta que, justo después del anuncio de la ampliación de ayudas del Plan Moves III en diciembre de 2022, se produjo un notable incremento de las matriculaciones de vehículos eléctricos en enero, con un aumento del 60% en BEV y del 36% en híbridos enchufables (PHEV). Sin embargo, este crecimiento se detuvo bruscamente tras el cese de las ayudas el 22 de enero, llevando al mercado a un "parón casi total" en sus actividades.

Aedive califica esta situación como "una verdadera catástrofe" que golpea diversas áreas: la economía, la industria, los negocios, la tecnología, la energía y el medio ambiente. La asociación sostiene que la incertidumbre actual compromete el futuro del sector automotriz en España, en un momento geopolítico delicado donde es esencial brindar certidumbre y previsibilidad a las inversiones y al propio mercado.

Además, Aedive destaca que el bloqueo legislativo pone en grave riesgo el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que establece una meta de 5,5 millones de vehículos eléctricos para el año 2030. También se menciona el peligro de perder una inversión privada cercana a los 60.000 millones de euros, necesaria para alcanzar esos ambiciosos objetivos.

Este escenario adverso no solo perjudica al sector específico de la movilidad eléctrica, sino que también tiene un efecto cascada en la cadena de valor relacionada y en la generación de empleo en 22 sectores distintos, tal y como se expone en el 'Estudio de Impacto Socioeconómico de la Movilidad Eléctrica en España' de Aedive.

Finalmente, la asociación subraya que la adopción del vehículo eléctrico es un proyecto estratégico vital para España. Este no solo representa una oportunidad para mejorar la sostenibilidad y la salud pública, sino que también actuaría como un motor de crecimiento económico e innovación tecnológica. Además, contribuiría a la eficiencia energética e independencia geopolítica al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y facilitar la generación de energía propia.

España, según Aedive, se presenta como un destino prometedor para las inversiones en la cadena de valor del vehículo eléctrico, gracias a sus ventajas logísticas y su posición como referente en la fabricación de vehículos eléctricos y sus componentes. Asimismo, el informe destaca que el 90% de la producción automotriz de España se destina a exportaciones a países que planifican dejar de comercializar vehículos de combustión entre 2035 y 2040, lo que hace urgente fortalecer su cadena industrial y tecnológica para poder competir adecuadamente en el mercado global.

En conjunto, Aedive enfatiza la necesidad de incrementar la venta de vehículos eléctricos para evitar enfrentar multas multimillonarias relacionadas con la normativa europea 'CAFE', que establece que la media de emisiones de los automóviles no debe superar los 93,6 gramos de CO2 por kilómetro.

Así, además de la reactivación de un plan de incentivos eficiente, Aedive propone una variedad de medidas para dinamizar el mercado de vehículos eléctricos en España. Entre ellas, sugiere la implementación de beneficios fiscales en el IRPF que permitan deducir el 21% del costo de adquisición de vehículos eléctricos o el 35% de la inversión en puntos de recarga.

Otras propuestas incluyen deducciones del 35% en el Impuesto de Sociedades para la instalación de infraestructuras de recarga públicas, la introducción de la libertad de amortización en este impuesto para todas las inversiones en movilidad de cero emisiones, y la eliminación de impuestos en las retribuciones en especie por el uso de vehículos eléctricos pertenecientes a empresas. También se sugiere un bono de 2.000 euros para el achatarramiento de vehículos tradicionales y la necesidad de seguir mejorando el sistema de certificados de ahorro energético (CAEs) en el ámbito de la movilidad eléctrica.