Un grupo destacado de cien figuras representativas del ámbito político, cultural, mediático y jurídico ha manifestado su apoyo al actual Gobierno mediante un contundente manifiesto que exige la implementación de un conjunto de medidas renovadas y eficaces contra la corrupción, priorizando siempre el avance hacia una sociedad más justa y con mayores derechos civiles.

Con el eslogan "Por los avances en derechos sociales y políticos y contra los intentos de involución", personalidades como el renombrado cineasta Pedro Almodóvar, cantantes de la talla de Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Miguel Ríos, así como la actriz Loles León, se han sumado a esta causa.

El manifiesto cuenta, además, con el respaldo del exministro y expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, el exmandatario de la Generalitat José Montilla, y otros destacados exministros socialistas como Leire Pajín y Magdalena Álvarez. También figuran entre los firmantes el poeta Luis García Montero y la escritora Rosa Montero, consolidando así una amplia red de apoyo.

El documento aborda los serios problemas relacionados con el 'caso Cerdán', en el que se ven involucrados los exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Se reconoce la gravedad de las acusaciones y se señala que evidencian fallos significativos en la selección de funcionarios y el control de sus actividades.

A pesar de lo anterior, el manifiesto defiende que es inaceptable que un Gobierno elegido democráticamente se vea amenazado por un informe de la Guardia Civil antes incluso de que se celebre un juicio justo que determine cualquier grado de responsabilidad.

Los firmantes enfatizan que la destitución del Gobierno solo podría lograrse a través de una moción de censura o anticipando elecciones, situaciones que, hasta este momento, no se han presentado. Consideran que cualquier intento de acortar la legislatura por otros métodos sería un flagrante ataque a la constitucionalidad, y argumentan que quienes piden elecciones inmediatas, tanto de izquierdas como de derechas, persiguen el objetivo de apear del poder a un gobierno progresista.

El texto argumenta que la embestida de los sectores conservadores contra el Gobierno de coalición y su liderato se asemeja a una conspiración más que a críticas legítimas en un entorno democrático. Critica también la tendencia de las derechas a cuestionar el resultado de las elecciones, similar a lo que hicieron figuras como Donald Trump o Jair Bolsonaro en sus respectivos momentos.

Se evidencia, además, que la retórica incendiaria en parlamentos europeos ha llegado a extremos alarmantes, utilizando términos como "gobierno criminal" y "mafioso", mientras que las agresiones hacia la comunidad migrante y el vandalismo contra las sedes de partidos de izquierda evocan episodios fascistas del pasado.

El manifiesto subraya que el Senado también se ha convertido en un "ariete" al establecer comisiones de investigación que parecen diseñadas para deslegitimar al Gobierno, en lugar de perseguir un interés público genuino.

Asimismo, se señalizan las manifestaciones y huelgas del poder judicial en oposición a ciertas legislaciones, incluyendo la reforma judicial y la amnistía, considerándolas como acciones que se sitúan al margen de la ley.

El texto concluye denunciando la apertura de diligencias judiciales sin bases suficientemente sólidas y critica la elección de algunos medios de comunicación y redes sociales de propagar desinformación con el fin de crear un ambiente de tensión política que no refleja la realidad del país. A su vez, indica que los logros del Gobierno en los ámbitos económico y social son sistemáticamente ignorados o presentados de manera sesgada.