En un giro sorprendente en el ámbito judicial español, Álvaro García Ortiz ha anunciado su renuncia al cargo de fiscal general, acompañada de su condena a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Esta decisión se produce tras la sentencia del Tribunal Supremo, emitida el 20 de noviembre, que le convierte en el primer fiscal general del país en enfrentar una condena de este tipo. Su vida profesional se ha visto marcada por su cercanía a Dolores Delgado, su predecesora y ex ministra de Justicia, destacándose como su asistente más confiable.

García Ortiz manifestó en una carta enviada al ministro de Presidencia su profundo respeto por las decisiones judiciales y la necesidad de proteger la reputación de la Fiscalía, lo que le llevó a dar este paso sin esperar la motivación del fallo. Aseveró que su dimisión no solo responde a su compromiso con la institución, sino también a la ciudadanía española, y que, tras conocer la resolución, consideraba que era el momento propicio para dejar el cargo.

El veredicto del tribunal, compuesto mayoritariamente por jueces conservadores, pone fin a una gestión que estaba bajo constante presión desde que se inició el proceso judicial contra él, relacionado con la filtración de información sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La acusación que enfrenta García Ortiz se centra en un intento de negociación para evitar penas de cárcel a cambio de la admisión de delitos fiscales.

A pesar de que numerosas voces dentro y fuera de la Fiscalía habían pedido su dimisión, García Ortiz había resistido bajo la premisa de que su deber era defender la integridad de la institución. Durante el juicio, insistió en que su comportamiento estaba motivado por la necesidad de contrarrestar una campaña de desprestigio en su contra, que atribuía a intereses políticos que representaban a la Comunidad de Madrid.

El Gobierno español, mientras tanto, ha continuado expresando su respaldo a García Ortiz durante todo este complicado periodo, pero tras la sentencia, se ha anunciado que se están tomando medidas para encontrar a su sucesor. Esto marca el desenlace de un caso que no solo ha afectado a García Ortiz personalmente, sino que ha generado un desgaste significativo en la Fiscalía, una realidad que arrastra desde su llegada al cargo en julio de 2022.

Su nombramiento fue polémico desde un principio, ya que tomó decisiones que hicieron que se cuestionara su idoneidad para el puesto. Entre ellas, se mencionan los ascensos de personajes como Dolores Delgado, que generaron críticas dentro de la propia Fiscalía. García Ortiz fue acusado de promover a miembros de su círculo más cercano, lo que despertó descontento en distintas asociaciones fiscales y un rechazo claro por parte del anterior Consejo General del Poder Judicial, que realizó un informe técnico que determinó prácticas irregulares en su gestión.

Con cada polémica y cada problema que ha surgido durante su mandato, García Ortiz ha visto cómo la confianza en su capacidad como líder del Ministerio Público se desmoronaba. A pesar de los intentos de resistencia y defensa de sus decisiones, la acumulación de controversias, como el tratamiento de casos relacionados con la ley de amnistía y la gestión del caso del 'procés', han terminado por marcar su legado.

La estación final de su contencioso fue la condena y la consiguiente dimisión, que ha destapado tensiones profundas dentro de la Fiscalía. Las tensiones continuarán, ya que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha presentado denuncias contra su gestión, mientras la Fiscalía sigue lidiando con fracturas internas, y otras figuras, junto a García Ortiz, han manifestado su desacuerdo sobre la dirección de la institución.

A pesar de la controversia, García Ortiz recibió el apoyo de múltiples colegas en el contexto de su juicio, lo que refleja la complejidad de la situación. Su salida no solo representa el cierre de un capítulo tumultuoso en la Fiscalía, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la institución y su independencia en un clima político cada vez más polarizado.