El líder del partido Se acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, acudió de manera voluntaria al Tribunal Supremo por segunda vez, donde abordó la polémica en torno a sus publicaciones en redes sociales que presuntamente habrían acoso a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert. Pérez contextualiza sus acciones dentro del marco de la libertad de expresión y defensa de la crítica política, una postura que ha mantenido a lo largo de sus declaraciones públicas.

Durante su comparecencia, que se extendió cerca de media hora, Pérez explicó al magistrado Juan Ramón Berdugo su perspectiva sobre las acusaciones en su contra. Este proceso es parte de la investigación que busca la autorización del Parlamento Europeo para indagar sobre supuestas conductas de acoso, provocación a la violencia y delitos de odio a través de plataformas digitales.

Según 'Alvise', su único objetivo al publicar mensajes en redes sociales era realizar críticas políticas legítimas. Aseguró que su intención nunca fue acosar, alegando que existen otros casos de insultos y calumnias mucho más graves en los medios de comunicación que debería ser objeto de querella.

Las declaraciones de Pérez incluyeron también un análisis de la evolución del concepto de libertad de expresión: “Lo que antes era una crítica política se ha transformado en un motivo de persecución judicial”. Acompañado de un tono de resignación, enfatizó su repetida presencia ante el Tribunal Supremo, sugiriendo que se trata de un fenómeno recurrente.

Fuentes cercanas al proceso judicial han indicado que el eurodiputado afirmó no tener conocimiento del hostigamiento hacia Gisbert que sus publicaciones pudieran haber provocado. No obstante, minimizó la gravedad de la situación, argumentando que si sus mensajes son considerados delictivos, todos los medios que han puesto en tela de juicio sus acciones también deberían ser demandados.

El Tribunal Supremo asumió el caso debido al estatus de aforado de 'Alvise' como eurodiputado. Se cuestiona si existe una intención clara de comprometer la vida de Gisbert, llevando a sus seguidores a manifestar actitudes amenazantes e insultantes en las redes sociales tras la difusión de ciertos mensajes. En particular, se examina su canal de Telegram, donde se instaba a identificar a los responsables de la persecución por delitos de odio.

Uno de esos mensajes de Telegram hacía alusión a los responsables del sistema judicial que imponen sanciones por opiniones sobre la inmigración, lo que generó una escalada de hostigamiento hacia la fiscal. 'Alvise' incluso se refería a Gisbert como la persona detrás de agresivas acciones legales contra ciudadanos que expresan opiniones sobre la inmigración.

El Tribunal ha señalado que la forma en que 'Alvise' promovió una animosidad pública hacia Gisbert podría sugerir una intención consciente de perturbar su vida cotidiana y la de su familia. Esto se suma a la evidencia de cómo difundió información que facilitó el acoso hacia la fiscal a través de diferentes plataformas sociales.

Aún con las acusaciones en su contra, 'Alvise' se alista para enfrentar otra investigación relacionada con la financiación de su partido. En un contexto más amplio, ha estado bajo la lupa desde que se reveló haber recibido una cantidad significativa de dinero por parte de un empresario imputado por presuntas irregularidades, lo cual podría traer repercusiones legales adicionales. Pérez ha expresado su intención de aclarar esta situación ante el Supremo, defendiendo que la suma recibida es simplemente parte de su actividad política.