Ángel Gabilondo apoya la regularización de migrantes, aunque advierte que no resolverá el problema de fondo.

Madrid, 24 de marzo.

Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, ha expresado su apoyo a la reciente medida del Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes. No obstante, advierte que esta acción, aunque positiva, "no resolverá de manera definitiva" la situación en torno al arraigo y las dificultades que enfrentan aquellos que buscan protección internacional después de largos períodos de incertidumbre. Esta afirmación se detalla en el Informe Anual de 2025, presentado en el Congreso ante la presidente Francina Armengol.

En su análisis, Gabilondo elogia el enfoque de esta nueva normativa, afirmando que es "muy adecuado" puesto que aborda las deficiencias que ya había señalado en la reforma del Reglamento de Extranjería de 2022. Según su perspectiva, el modelo migratorio vigente en España no solo es ineficaz para responder a las necesidades del mercado laboral, sino que también fomenta prácticas de economía informal que generan altos costos en múltiples niveles: humano, social y económico.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo señala que, dado su carácter temporal, esta regularización "no resolverá de forma definitiva" los problemas relacionados con el arraigo. En particular, se refiere a los obstáculos que enfrentan quienes, después de largos procesos, ven rechazadas sus solicitudes de protección.

El 27 de enero, el Consejo de Ministros dio luz verde al proceso de esta regularización extraordinaria, que busca beneficiar a aquellos migrantes que ya residen en España. La iniciativa tiene como objetivo principal garantizar derechos y proporcionar un marco legal que asegure estabilidad a este colectivo.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso está destinado a todos los extranjeros que se encontraban en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar una permanencia continua de al menos cinco meses al momento de presentar su solicitud.

En el caso de los solicitantes de protección internacional, solo se requerirá que la petición haya sido presentada antes de la misma fecha. Además, se estipula que los solicitantes no deben tener antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público.

Aquellos que cumplan con este proceso podrán obtener una autorización de residencia en España con una duración inicial de un año, con el beneficio adicional de que podrán trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del país desde el primer día de obtención del documento.

Gabilondo también subraya que la motivación detrás de esta iniciativa retoma "elementos esenciales" de la reforma de 2022, destinada a adaptar el arraigo a las demandas cambiantes del mercado laboral español, especialmente en contextos de escasez de mano de obra vinculada a la migración.