En un nuevo desarrollo en el 'caso Montoro', la Fiscalía Anticorrupción ha defendido la legalidad de los procedimientos iniciales del caso, afirmando que se llevaron a cabo de acuerdo a la normativa vigente. Esta afirmación respalda tanto la decisión que permitió la apertura de la investigación como la que autorizó la obtención de correos electrónicos importantes, que fueron encontrados durante un registro en una causa diferente relacionada con una de las empresas investigadas.

En un documento enviado al juez a cargo del caso, la fiscal Carmen García Cerdá ha solicitado que se desestime el recurso presentado por Equipo Económico, la consultora en el centro de las acusaciones sobre la concesión de beneficios fiscales a varias empresas, especialmente del sector energético, en la época en que Cristóbal Montoro ocupaba el Ministerio de Hacienda.

Equipo Económico solicitó a la Audiencia Provincial de Tarragona la revocación de las resoluciones que dieron inicio al caso, incluyendo las entradas y registros que llevaron a la recuperación de correos que evidencian vínculos entre la firma y el Ministerio de Hacienda.

La fiscal ha argumentado que los autos emitidos durante el verano de 2018, aunque pertenecientes a "procedimientos distintos", son completamente válidos y no deben ser anulados, al igual que la incautación de los correos electrónicos relevantes para la investigación.

Uno de los correos clave en la investigación fue enviado por Rubén Folgado, un alto directivo de Messer, a Karl Hauck, el director general, en diciembre de 2013. En este mensaje, Folgado insinuaba que la forma más eficaz de alcanzar sus objetivos era pagar a Equipo Económico, dado que mantenían conexiones directas con el entonces ministro Montoro.

La fiscal destaca que el auto relativo a la obtención de estos correos, fechado en julio de 2018, se ajusta estrictamente a lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, asegurando que la información recabada en diferentes procedimientos y descubrimientos fortuitos es legítima y válida para las investigaciones en curso.

La fiscal también enfatiza que la legalidad de la acción se mantiene sólida, y que el juez que supervisaba la otra causa justificó su decisión en base a principios como la importancia social del asunto, así como la idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

En relación con la incautación de los correos, la fiscal argumenta que esta cumplió con las directrices del magistrado encargado, sugiriendo que la obtención de testimonios adicionales estaba autorizada y alineada con los objetivos de la investigación. Ella señala que el hecho de que se haya solicitado la deducción de testimonios indica la significancia del material encontrado.

Sobre el auto que estableció la apertura de diligencias en agosto de 2018 para investigar el "hallazgo casual" de estos correos, la fiscal también sostiene que dicha medida es legal y adecuada, puesto que esta evidencia señala la existencia de hechos que, aunque inicialmente no parecían relacionados con la causa original, presentan indicios delictivos que justifican la investigación.