En una reciente sesión en las Cortes de Aragón, el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque, anunció que el Gobierno regional no destinará ningún recurso económico a la construcción de las viviendas para los trabajadores chinos que se trasladarán a la zona para apoyar la operación de la nueva gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas. Esta declaración se produjo en respuesta a una solicitud del grupo socialista para discutir las necesidades de vivienda en el área.

Bosque fue claro al afirmar que “no hay euros comprometidos para resolver el alojamiento de estos trabajadores”, lo que sitúa toda la responsabilidad en manos de los promotores del proyecto. Según sus palabras, “nuestro papel consiste en brindar apoyo desde la perspectiva técnica, jurídica y administrativa, buscando así maximizar los beneficios sociales que estas viviendas podrían generar en el futuro”. El plan es que estas construcciones se reutilicen para diferentes perfiles de usuarios una vez que finalice la estancia de los empleados extranjeros.

Se anticipa que la demanda inicial será de aproximadamente 800 alojamientos el próximo año, para lo cual se están llevando a cabo negociaciones con los ayuntamientos cercanos a Figueruelas. La idea es que, tras la construcción de la fábrica, en 2030, las viviendas se destinen a jóvenes de la región y empleados de la nueva planta.

La Dirección General ha manifestado su compromiso en atender a las necesidades de los 47.000 jóvenes aragoneses, dentro del marco del plan de vivienda aprobado en marzo del año pasado. La construcción de 620 viviendas públicas comenzará en las próximas semanas, y ya se han adjudicado 640 más. Además, se están gestionando subvenciones para crear 185 viviendas adicionales en localidades más pequeñas, según lo expuesto por Bosque.

El director general también destacó que su foco de trabajo está en las capitales de provincia y en localidades menores de 3.000 habitantes, con un esfuerzo de inversión de 10 millones de euros para construir más vivienda pública. Bosque se comprometió a seguir desarrollando planes para municipios de menos de 2.000 habitantes a fin de abordar la escasez de vivienda en estos lugares. Recientemente, se finalizó la aprobación de 16 planes urbanísticos y se está en proceso con otros 14.

En cuanto a proyectos estratégicos de gran relevancia, Bosque mencionó avances en iniciativas como Walqa, Microsoft, Grupo Costa, Stellantis-CATL, entre otros, aunque no dio detalles específicos debido a la confidencialidad de los acuerdos con estas empresas.

Asimismo, se mencionaron los 'caminos culturales' que implican a cerca de 300 municipios, con el objetivo de fortalecer la cohesión territorial y fomentar una mayor consolidación de la población.

A pesar de los esfuerzos, Bosque lamentó que aún no se haya llevado a cabo una actualización de la Ley de Urbanismo, lo que ha generado demoras en convocatorias de subvenciones y en la creación de directrices para diversas áreas de la geografía aragonesa.

La ausencia de un presupuesto aprobado para 2025 ha complicado la ejecución de las políticas de la Dirección General, afectando la velocidad con la que se pueden llevar a cabo los proyectos. Esto ha suscitado preocupaciones entre los miembros de la oposición, como el diputado del PSOE, Daniel Alastuey, quien hizo hincapié en la necesidad de contar con herramientas de planificación adecuadas para abordar la situación de 125 localidades sin un marco regulador.

La diputada del PP, Susana Cobos, apoyó el informe de ejecución presupuestaria de Bosque y alabó las importantes inversiones anunciadas por el Gobierno. Por su parte, la parlamentaria de Vox, Carmen Rouco, expresó su inquietud por la falta de planificación en cuanto a la asignación de recursos para las viviendas, cuestionando si se compartirían costos con las autoridades chinas.

Isabel Lasobras, diputada de CHA, subrayó la necesidad de que el urbanismo actúe como un motor de transformación social, instando a una visión más amplia que contemple la cohesión del medio rural en los planes de desarrollo. Mientras tanto, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, criticó que se haya avanzado poco en la prometida planificación de ordenación de energía renovable y acusó al Gobierno de priorizar los intereses de grandes corporaciones sobre los de la ciudadanía.

Finalmente, Alberto Izquierdo, del Grupo Mixto-PAR, celebró la atención del Gobierno hacia las necesidades de vivienda de los trabajadores que llegarán a la región, pero pidió un esfuerzo mayor para abordar las dificultades que enfrentan miles de jóvenes en la búsqueda de un hogar accesible. La situación exige una movilización más decidida en la política de vivienda para asegurar que todos los aragoneses tengan acceso a un lugar donde vivir.