El exmandatario ecuatoriano Rafael Correa ha solicitado una pena de 13 años de prisión para David Morales, el principal implicado en un escándalo de espionaje en la Embajada de Ecuador en Londres. Esta petición se produce en medio de un caso donde se acusa a Morales, director de la empresa española Undercover Global, de haber espiado a Julian Assange durante su tiempo de asilo en la sede diplomática.

Según la información obtenida por Europa Press, la acusación formulada por Assange pide una condena de 20 años y medio de cárcel, además de una multa, a Morales por varios delitos, entre los que se incluyen la revelación de secretos, cohecho, lavado de dinero y posesión ilícita de armas. El caso está siendo atendido por el juez Santiago Pedraz, quien ha decidido llevarlo a juicio.

Assange, en su escrito legal, sostiene que los derechos de su defensa y de las personas que lo visitaban fueron violados gravemente por las prácticas ilegales de Undercover Global. El documento menciona que la empresa instauró una operación de espionaje en la Embajada de Ecuador, afectando a abogados, médicos y otros visitantes, así como a los diplomáticos ecuatorianos.

El activista denuncia que las actividades de la empresa no solo rompieron la relación contractual, sino que se intensificaron tras el contacto de Morales con agencias de inteligencia de Estados Unidos. Esta colaboración supuestamente permitió a UC Global obtener lucrativos contratos internacionales mientras vulneraba la privacidad de Assange y de quienes tenían relación con él.

De acuerdo con los alegatos de Assange, Morales accedió ilegalmente a información privilegiada sobre su situación en la Embajada. Denunció que esta información fue compartida con terceros, incluidos funcionarios estadounidenses, y que Morales tomó medidas para ocultar estos viajes a las autoridades ecuatorianas.

El activista también exige una condena de seis años para Michel Wallemacq, otro destacado responsable de Undercover Global, así como sanciones económicas y la disolución de la empresa. Por su parte, Rafael Correa respalda esta acción legal, añadiendo su propia solicitud de prisión y multas.

Correa explica en su acusación que su decisión de contratar a seguridad privada en la Embajada respondía a las nuevas amenazas que enfrentaba, pero señala que, lamentablemente, su familia y él fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos por parte de la empresa de seguridad. Según sus afirmaciones, se llevaron a cabo acciones ilícitas que incluían intervenciones en sus comunicaciones personales.

El juez Pedraz, en su auto de procesamiento, ha afirmado que existen indicios suficientes para llevar a juicio a Morales, quien supuestamente entregó información confidencial a terceros. La situación en la Embajada de Ecuador, que se confió a UC Global entre 2015 y 2018, había sido complicada debido a las acusaciones que enfrentaba Assange por la difusión de documentos confidenciales.

La investigación revela que Morales, bajo su mando, ordenó la instalación de dispositivos para grabar conversaciones confidenciales dentro de la Embajada, lo que incluyó diálogos entre Assange y su equipo legal, así como con figuras políticas relevantes. Esto ha provocado una controversia sobre los derechos humanos y la privacidad, en un contexto ya de por sí delicado para el activista y su entorno.

El juez ha señalado que las acciones de Morales no solo plantean serias preocupaciones legales, sino también éticas, dado que se presume que hizo pagos indebidos a funcionarios ecuatorianos para mantener su posición y control sobre el suministro de servicios de seguridad en la Embajada.