El panorama político en Bangladesh se encuentra en un momento crucial, ya que este jueves la nación se prepara para sus primeras elecciones tras la salida del poder de la ex primera ministra Sheij Hasina, quien ha estado en el exilio en India desde la Revolución de Julio. Este periodo de agitación estuvo marcado por masivas manifestaciones de jóvenes estudiantes que clamaban por una mayor equidad en el acceso al empleo estatal.

Los elecciones no solo marcarán el inicio de un nuevo gobierno, liderado actualmente de manera interina por el laureado con el Nobel de la Paz, Muhamad Yunus, sino que también incluirán un referéndum sobre la polémica Carta de Julio. Esta reforma política integral, promovida por el Gobierno transitorio, ha logrado el apoyo de numerosos partidos políticos y representa un esfuerzo significativo por reconfigurar la estructura política del país.

El propio Yunus ha subrayado la importancia de estas reformas, considerándolas como el "comienzo de una nueva era" para Bangladesh y un símbolo de la unidad nacional. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por avanzar hacia un sistema más justo, ciertas facciones políticas han criticado estas reformas, argumentando que no abordan las solicitudes iniciales de los manifestantes.

Uno de los principales actores en esta contienda es el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), liderado por Tarique Rahman, que se perfila como el favorito para vencer en estos comicios. A pesar de las críticas, el BNP ha respaldado las reformas, sumándose a otros 16 partidos que también han plasmado su firma en el acuerdo, incluyendo a formaciones islamistas.

A pesar de su intención de modernizar el sistema político y reconocer el levantamiento popular contra Hasina, la propuesta ha encontrado resistencia entre algunos sectores que han decidido boicotearla, lo que ha desencadenado protestas en Dacca, la capital.

En un contexto en el que más de 170 millones de personas residen en el país, la importancia del referéndum se traduce en un momento decisivo para la democracia de Bangladesh, donde muchos buscan romper la polarización entre la Liga Awami de Hasina, actualmente deslegitimada, y el BNP.

Las encuestas sugieren que el BNP podría liderar la contienda con un 44% de apoyo, seguido de una coalición que incluye al partido islamista Jamaat-e-Islami y al Partido Nacional Ciudadano (NCP). Sin embargo, estos números han variado considerablemente en estudios anteriores, donde inicialmente el BNP parecía tener una ventaja mucho mayor.

El NCP, por su parte, ha visto cómo la alianza con Jamaat ha generado divisiones internas, excluyendo a figuras clave y mujeres que desempeñaban roles de liderazgo en su formación.

Las reformas que el Gobierno transitorio está proponiendo buscan superar años de división política en el país, donde el poder ha estado históricamente concentrado. Organizaciones de derechos humanos y partidos opositores han expresado su escepticismo ante este nuevo modelo institucional y abogan por una mayor independencia de las instituciones del Estado.

Las reformas se focalizan en cuatro áreas claves: ciudadanía, derechos fundamentales, el marco legislativo y la judicatura, incluyendo el paso de un sistema unicameral a uno bicameral en el Parlamento.

Si el referendum logra el respaldo necesario, un consejo constitucional tendrá un plazo de 180 días para implementar los cambios. De lo contrario, el marco constitucional actual se mantendrá vigente.

La historia del país está repleta de protestas previas a elecciones, y algunos partidos opositores en el pasado han cuestionado la validez de los resultados por supuestas irregularidades.

En medio de esta intensa actividad política, el BNP ha lanzado su propio programa, 'Bangladesh Primero', que busca edificar un país más próspero y humano. Este ambicioso plan, de 52 puntos, incluye un compromiso firme para combatir la corrupción y establecer la rendición de cuentas, con énfasis en la necesidad de construir un Estado de Derecho efectivo.

Por otro lado, la situación de Sheij Hasina continúa siendo incierta. La ex primera ministra, que abandonó el país el año pasado tras las manifestaciones estudiantiles que pusieron fin a su administración de 15 años, ha sido condenada a muerte en relación a la represión de las protestas anti-gubernamentales.

Estas manifestaciones se originaron a raíz de un sistema de cuotas muy controvertido que favorecía a familiares de veteranos de guerra en el acceso al empleo público, escalando a un movimiento generalizado en contra de su gobierno.