Begoña Gómez apela la decisión del juez Peinado de llevar el caso a jurado popular al considerarla basada en "conjeturas infundadas".

Desde Madrid, el 26 de marzo, surge un nuevo capítulo en la controversia que rodea a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gómez ha decidido impugnar la resolución del juez Juan Carlos Peinado, quien ha planteado la posibilidad de llevar su caso a un jurado popular si se llegara a juicio. Esta acción se enmarca dentro de una investigación que abarca supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida, intrusismo y malversación. La defensa de Gómez sostiene que las acusaciones son meras especulaciones.

En un documento al que tuvo acceso Europa Press, los abogados de Gómez piden la anulación del auto emitido el pasado 20 de marzo por el juez Peinado, argumentando que los fundamentos en los que se basa su decisión son "engañosos" y carecen de la solidez necesaria que el magistrado les atribuye.

Además, el mismo auto establece que se citará a los implicados en el caso, incluyendo a Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, junto con la Fiscalía y las acusaciones, el próximo 1 de abril para notificarles la resolución tomada.

La defensa de Begoña Gómez sostiene que la investigación de su representada responde fundamentalmente a su relación con el presidente del Gobierno, añadiendo que la redacción del auto de Peinado es "confusa" y poco clara.

El abogado de Gómez critica que las argumentaciones del juez se reducen a "una simple repetición de conjeturas" y subraya que para enviar un caso a un jurado popular es esencial proporcionar una justificación sólida para tal decisión, algo que, según su opinión, el juez no ha logrado hacer.

El abogado agrega que la falta de una fundamentación robusta amerita la nulidad del auto impugnado. Según su posición, la ausencia de la necesaria motivación podría poner en riesgo el derecho a un juicio justo, especialmente en un caso que ya ha recibido una considerable atención mediática y podría provocar un "juicio paralelo" influenciado por las opiniones de los medios y las discusiones en foros políticos.

En febrero, la Audiencia Provincial de Madrid detuvo los planes del juez Peinado de llevar la investigación a un juicio con jurado popular, considerándolos prematuros. Los magistrados sostuvieron que no existían "indicios racionales de criminalidad" que justificaran tal movimiento.