El Gobierno brasileño ha solicitado a la Administración de Estados Unidos que reevalúe la reciente decisión de investigar las prácticas comerciales del país sudamericano, una medida que fue anunciada a mediados de julio tras la imposición de aranceles del 50% por parte de Washington, considerados por Brasil como alegaciones infundadas.

En un informe enviado al Departamento del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil argumenta que las políticas comerciales del país son transparentes y cumplen con las normas internacionales, así como con sus compromisos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las autoridades brasileñas han hecho un llamado a la cooperación, reafirmando su disposición para dialogar y resolver las inquietudes comerciales a través de vías legales y colaborativas. “Brasil está comprometido en buscar soluciones mediante el entendimiento”, señaló el comunicado oficial.

El gobierno presidido por Luiz Inácio Lula da Silva ha enfatizado su rechazo a la legitimidad de cualquier acción iniciada por la administración de Donald Trump que se desvíe de los protocolos establecidos por la OMC.

La investigación anunciada por EE. UU. pretende evaluar si las políticas de Brasil limitan de forma injusta las exportaciones estadounidenses en áreas claves como comercio digital, aranceles preferenciales, leyes anticorrupción, derechos de propiedad intelectual, el mercado de etanol y el manejo de la deforestación.

Desde la USTR se ha expresado preocupación por la capacidad de Brasil de comprometer la competitividad de las empresas estadounidenses en estos sectores, señalando que el país podría tomar represalias contra empresas que no censuren el discurso político, en alusión a un fallo del Tribunal Supremo brasileño que sostiene que las plataformas de redes sociales deben responsabilizarse por las publicaciones ilegales de sus usuarios.

Asimismo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. ha criticado al juez Alexandre de Moraes, quien ha impuesto restricciones a las redes sociales estadounidenses en Brasil y está encargado de investigar al expresidente Jair Bolsonaro por un posible intento de golpe de Estado, describiendo su actuación como perjudicial para las empresas y ciudadanos que buscan acceso legítimo al mercado estadounidense.

En un comunicado reciente a través de su perfil en la red social X, el gobierno estadounidense reafirmó que “ningún tribunal extranjero puede anular las sanciones impuestas por EE. UU.” y advirtió sobre los riesgos de sanciones para aquellos que ofrezcan apoyo a violadores de derechos humanos.