Meta, la gigante de la tecnología, anunció recientemente el cese de su programa de verificación de datos, dando un giro hacia la implementación de notas comunitarias, similar a lo que se observa en la plataforma X. Esta decisión fue comunicada en medio de un clima de creciente tensión entre la empresa y las regulaciones europeas.

En respuesta a esta decisión, la Comisión Europea se pronunció con firmeza al rechazar las afirmaciones del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien acusó a la Unión Europea de excederse en sus regulaciones digitales. Este miércoles, la portavoz del nuevo Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho, enfatizó que ningún tipo de presión se siente hacia las plataformas para eliminar contenido considerado legal.

En la rueda de prensa, Pinho afirmó: "Rechazamos toda acusación de censura", refiriéndose a las inquietudes sobre el manejo del contenido en las redes sociales y a la reciente controversia generada por Elon Musk, propietario de X, quien ha intentado influir en las políticas europeas. Francia, en este contexto, ha pedido a Bruselas una postura más firme ante estas injerencias.

A pesar de que la Comisión Europea ha decidido tomar nota de los cambios que Meta implementará en sus redes sociales, como Facebook e Instagram, ha dejado claro que se enfocan únicamente en el marco regulatorio dentro de la Unión Europea cuando se aborda la DSA.

Thomas Regnier, el portavoz de Soberanía Tecnológica de la UE, subrayó que todas las empresas que operan dentro del espacio comunitario están obligadas a adherirse a las normativas del bloque. Además, recalcó que las acciones que ocurren fuera de la UE pueden ser incluidas en los expedientes si afectan la seguridad o los procesos democráticos de Europa.

Regnier también destacó la importancia de contar con un "alto nivel de estándares éticos y profesionales" que aseguren la independencia de los verificadores encargados de supervisar las actividades en línea, en conformidad con la normativa europea.

Las obligaciones que impone la DSA a las grandes plataformas incluyen la necesidad de practicar una mitigación efectiva de riesgos, tales como la desinformación y la amplificación de narrativas problemáticas. También se requiere que estas plataformas presenten evaluaciones de riesgo a Bruselas si realizan cambios en sus estrategias de mitigación.

El portavoz advirtió que, independientemente del gobierno que esté en funciones, la legislación debe ser respetada, manifestando: "Siempre hemos sido claros en cuanto a que tenemos una normativa en vigor y nos aseguraremos de que las compañías que ofrecen servicios en la UE cumplen las reglas".

Regnier fue contundente al afirmar que "absolutamente nada en la DSA fuerza, pide o exige a una plataforma a retirar contenidos legales"; la vía indicada es actuar contra contenidos ilegales que sean debidamente señalados.

Además, la UE demanda que se implementen "medidas apropiadas de mitigación" para el contenido que puede ser "dañino", especialmente para los menores o para la integridad de los procesos democráticos.

El portavoz recordó que no es la Unión Europea la que define qué constituye contenido ilegal; esta categorización se basa en la legislación nacional y el derecho internacional vigente.

Por último, subrayó que Meta enfrenta un expediente abierto por Bruselas desde abril del año pasado, debido a las preocupaciones en torno a su manejo de desinformación y contenido político engañoso durante la campaña electoral que precede a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024.