El 27 de enero en Bruselas, la Comisión Europea ha declarado que no puede emitir un juicio sobre la reciente decisión del Gobierno español de regularizar de forma extraordinaria a más de 500,000 inmigrantes. Según la postura de la Comisión, este es un tema que corresponde exclusivamente a la soberanía de cada Estado miembro.

Markus Lammert, portavoz de la Comisión, explicó a Europa Press que la responsabilidad de gestionar las políticas de regularización de extranjeros en situación irregular recae totalmente en las manos de los países de la Unión Europea. Bruselas, por tanto, mantiene una posición de neutralidad ante este tipo de iniciativas, argumentando que no tiene competencias para intervenir en esta cuestión.

El portavoz también señaló que la Comisión está al tanto de las conversaciones que se están llevando a cabo en España sobre la regularización, pero reiteró que no pueden posicionarse al respecto. Este enfoque se alinea con las afirmaciones del comisario de Interior, Magnus Brunner, quien, hace un año, afirmó que la Comisión no podía opinar sobre la flexibilización de normas migratorias en el contexto español, aunque destacó la importancia de que los Estados miembros se aseguren de que tales decisiones no afecten la integridad del espacio Schengen.

Brunner enfatizó que los Estados deben tener en cuenta las posibles repercusiones de seguridad y migratorias al implementar decisiones de este tipo. La Comisión Europea ha abanderado la causa de que cada país del bloque refuerce su colaboración con los países de origen de los migrantes para atacar los flujos de migración irregular y potenciar el retorno de personas que no tienen derecho a permanecer en su territorio.