Bustinduy confía en que el Congreso aprobará la extensión de los alquileres: "No hay espacio para votar en contra".

En una reciente declaración, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, expresó su firme convencimiento de que el Real Decreto-ley 8/2026, diseñado para abordar los desafíos del alquiler en el contexto de la guerra en Irán, contará con el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados. Bustinduy enfatizó que "nadie debería votar en contra", subrayando que la presión ciudadana será clave en este proceso.

El ministro lanzó una advertencia a los partidos de la oposición de derecha, señalando que subestimar el impacto de intentar rechazar el decreto sería un grave error. Según Bustinduy, habría un “costo enorme” para aquellos que se opongan a esta medida, destacando la necesidad de una respuesta responsable ante una situación crítica.

Durante una visita a Las Cabezas de San Juan, en Sevilla, donde estuvo acompañado por Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, Bustinduy expuso dos razones que sustentan su postura. En primer lugar, hizo hincapié en la importancia de "negociar todo lo que sea necesario" con el objetivo de poner el interés colectivo por encima de cualquier diferencia partidaria.

Asimismo, destacó el creciente movimiento social que se ha manifestado en torno a la problemática de la vivienda, señalando la participación activa de sindicatos de inquilinos y de asociaciones legales que brindan asesoría gratuita a arrendatarios. Bustinduy trasladó su confianza en que estos grupos, junto con los sindicatos de clase, estarán en la primera línea defendiendo el decreto, incluso en las calles.

El ministro reflejó una creciente preocupación entre la ciudadanía, resaltando que cada vez más personas de diversas ideologías sienten el temor de ser desalojadas al finalizar sus contratos, enfatizando que esta inquietud no está restringida a un solo espectro político. Más de 3 millones de personas en España podrían beneficiarse de esta prórroga, lo que demuestra la amplitud del impacto que esta medida podría tener.

Dirigiéndose a los arrendatarios cuyos contratos expiren en 2026, Bustinduy les agradeció informarles que la “prórroga está en vigor” y les instó a que la soliciten. Explicó que deben enviar un burofax a sus propietarios para extender sus contratos por dos años más bajo las mismas condiciones, asegurando que “es un derecho legal y debe ser concedido”.

Antes de concluir su intervención, Bustinduy planteó un interrogante directo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acerca de cómo influiría en el Grupo Popular para asegurar su apoyo al decreto, recordando que de los beneficiarios de la prórroga, unos 360,000 residen en Andalucía. Advirtió que si el decreto no se aprueba, los arrendatarios podrían enfrentar aumentos de alquiler de hasta un 50% o incluso verse obligados a abandonar sus hogares.

El ministro hizo hincapié en que, en el contexto andaluz, sería un desafío para los representantes políticos justificar la oposición a un decreto que protege a las familias que cumplen con sus obligaciones de alquiler en ciudades donde la crisis de vivienda es palpable, como Málaga y Sevilla.

Finalmente, concluyó su mensaje subrayando que oponerse a la normativa sería aliarse con quienes especulan con la vivienda, fomentan el turismo masivo y despojan a los barrios de sus comunidades. Según Bustinduy, este es un momento crucial para la vivienda digna y accesible, y el Gobierno está comprometido a avanzar en la defensa de los derechos de las personas arrendatarias.