En una decisión que ha generado descontento entre los defensores de la movilidad sostenible, el Gobierno ha dejado de lado la prórroga del 'decreto ómnibus', el instrumento que permitía extender las ayudas del Plan Moves III para la adquisición de vehículos eléctricos, pilas de combustible y la instalación de puntos de recarga, un beneficio que debería haber durado hasta el 30 de junio de 2025.

Este plan contemplaba subvenciones significativas para fomentar la transición hacia un transporte menos contaminante, con ayudas que iban desde 7.000 hasta 9.000 euros para la compra de vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos, y un apoyo de 4.500 euros por vehículo para los automóviles de turismo, cifra que se elevaba a 7.000 euros si se optaba por el achatarramiento de un coche antiguo.

Además de la prórroga de las ayudas, el rechazo a esta normativa también ha implicado la caída de la deducción fiscal del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos, cuya vigencia se había establecido hasta el 31 de diciembre de 2025, una medida que había sido introducida solo el pasado mes de junio.

No menos relevantes son las ayudas destinadas a facilitar la instalación de puntos de carga, que se han visto igualmente afectadas. Los particulares en localidades de menos de 5.000 habitantes podían beneficiarse de subvenciones de hasta el 80%, mientras que los residentes en municipios más grandes podrían acceder a un 70%, pero estas oportunidades desaparecerán a partir de mañana.

Las empresas y entidades públicas que querían establecer puntos de recarga de hasta 50kW también contaban con un marco de ayudas que oscilaba entre el 35% y el 55% del coste en ciudades con más de 5.000 habitantes, y de entre el 40% y el 60% en aquellas con menos de esa población. Sin embargo, este apoyo será una cosa del pasado tras la decisión del Gobierno.

Finalmente, aquellas organizaciones que se planteaban instalar puntos de recarga superiores a 50kW recibirían subvenciones que iban del 30% al 40% de la inversión, dependiendo del tipo de localidad. La anulación de estas subvenciones pone de relieve un retroceso en los esfuerzos por impulsar una movilidad más ecológica y accesible en todo el territorio nacional.