En un contexto de creciente preocupación por la situación de los menores migrantes no acompañados, Canarias ha exigido al Gobierno central una respuesta más rápida y efectiva para abordar los traslados de estos jóvenes que permanecen en el archipiélago. La Administración regional ha denunciado que los 8,5 millones de euros asignados de un total de 22 millones previstos son claramente inadecuados para hacer frente a las necesidades de atención de menores en una crisis que ya ha superado los límites aceptables.

Esta petición se enmarcó en la reciente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, donde varios consejeros y consejeras autonómicos, junto a la ministra Sira Rego, debatieron sobre la urgencia de actuar ante la creciente llegada de migrantes. Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, enfatizó que la falta de recursos se suma a un déficit de 140 millones de euros en el sistema de atención a estos menores, lo que agrava aún más la situación actual.

Delgado manifestó la necesidad vital de iniciar los traslados sin esperar a septiembre, un mes que históricamente ha registrado un aumento en las llegadas de embarcaciones a las islas. La consejera mencionó que cualquier espera adicional es "inviable" ante la presión que soporta el sistema, que en estos momentos acoge a más de 5.600 menores migrantes no acompañados.

Por otro lado, la comunidad de Castilla-La Mancha, bajo el mando del PSOE, expresó su inquietud por la falta de un ajuste en los recursos destinados para afrontar esta crisis. Según Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social, es poco probable que se logre iniciar el traslado en agosto debido a las limitaciones administrativas y ha criticado la asignación de 100 millones de euros como una solución "low cost".

Las comunidades regidas por el Partido Popular también han manifestado su rechazo hacia el real decreto que regula la reubicación de menores migrantes, argumentando que esta medida es una imposición del Gobierno central. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, destacó el colapso en los centros de acogida, que han estado bajo presión constante durante casi dos años.

La crítica también se centró en la falta de un plan claro por parte del Gobierno para coordinar acciones con las comunidades autónomas. Dávila reveló que hasta 11 comunidades han interpuesto recursos contra el decreto ley ante el Tribunal Constitucional, lo que representa más del 70% de la población del país, evidenciando así la falta de consenso en la gestión de esta crisis.

Desde Aragón, Ángel Val, gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, se opuso a la reubicación de los menores argumentando la posible inconstitucionalidad del decreto, que él considera no solo una violación de las competencias autonómicas, sino también de los derechos fundamentales de los menores migrantes.

La situación también fue abordada por la consejera de Política Social de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, quien lamentó la desatención del Gobierno en reconocer a su región como una de las más afectadas por la crisis migratoria. Ruiz subrayó que la falta de recursos adecuados para la acogida pone en riesgo los derechos de los menores, y describió la situación de "inhumana".

Por último, en Castilla y León, la vicepresidenta Isabel Blanco reiteró que la reubicación de menores es una imposición inaceptable, abogando por un enfoque basado en el diálogo y la cooperación, en lugar de decisiones unilaterales que ignoren las realidades de cada comunidad. A pesar de su disposición para colaborar, Blanco lamentó que su región haya sido ignorada en el proceso de asignación de responsabilidades.