Un grupo de nueve agentes de la Policía Nacional acusados por cargas durante el referéndum del 1-O en Barcelona han solicitado el sobreseimiento de la causa, argumentando que no participaron en actos de torturas y tratos inhumanos, los cuales están excluidos de la ley.

Estos agentes forman parte de los 45 policías procesados en el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona por su actuación durante el referéndum. Su defensa alega que la Ley de Amnistía es aplicable a su caso y que los delitos de torturas se refieren a hechos mucho más graves que las lesiones que se les imputan a ellos.

En el escrito presentado por los abogados Javier Aranda Guardia y Sandra Melgar Rodríguez se solicita la extinción de la responsabilidad criminal para los agentes que intervinieron en varios centros educativos durante el 1-O, basándose en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/24 de Amnistía.

La defensa argumenta que estos agentes no cometieron los delitos excluidos por la ley recién aprobada, ya que no participaron en actos de torturas o tratos inhumanos. Consideran que cualquier acusación futura en este sentido sería inválida debido a la amnistía otorgada por la Ley.

El escrito también destaca que el procedimiento contra los agentes está en fase de instrucción y que la Ley de Amnistía contempla el sobreseimiento libre una vez escuchadas las partes involucradas.

Los abogados citan el preámbulo de la Ley de Amnistía, el cual defiende la actuación de los agentes de policía durante el referéndum, argumentando que actuaron con proporcionalidad y mesura para mantener el orden público.

Además, señalan que las acusaciones contra los agentes se basan en pruebas débiles, como fotografías sin autoría comprobada, y en el uso mínimo de la fuerza, cuya legalidad es cuestionable. También advierten sobre posibles reclamaciones de responsabilidad civil por parte de los afectados en procesos contra la Administración Pública.