**MADRID, 5 de noviembre** – El reciente IX Informe FOESSA, dado a conocer por Cáritas Española, revela la alarmante realidad de una "fragmentación social sin precedentes" en España. A pesar de una aparente mejoría económica, el informe destaca que el país mantiene una de las tasas de desigualdad más elevadas en Europa, lo que ha llevado a que 4,3 millones de personas enfrenten situaciones de severa exclusión social.

Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, explicó en una conferencia de prensa en Madrid que "la clase media se está desmoronando", empujando a muchas familias a estratos socioeconómicos más bajos. Después de más de veinte años de crisis interconectadas, las recuperaciones económicas no han logrado cerrar la brecha de desigualdad. La integración social ha disminuido, y en 2024, la exclusión severa es un 52% superior a la de 2007.

El estudio, realizado por un equipo de 140 investigadores de diversas universidades y centros de investigación, se basa en entrevistas a más de 31.000 personas y concluye que la integración social "se encuentra en retroceso", mientras que las cifras de exclusión son significativamente más altas que en el pasado.

Contrario a la creencia popular de que los afectados son pasivos ante su situación, el informe pone de relieve que tres de cada cuatro personas en exclusión severa implementan estrategias de inclusión, como la búsqueda de empleo o la formación. "No son las personas las que fallan, es el sistema el que no responde", es la contundente afirmación de Flores.

Entre los factores que perpetúan la exclusión social, el informe identifica la vivienda y el empleo como claves. Aterradoramente, un 45% de quienes viven en alquiler están en riesgo de pobreza, una de las tasas más altas en la Unión Europea. Flores enfatiza que "la vivienda está desterrando a uno de cada cuatro hogares de una existencia digna", evidenciando la crisis habitacional en el país.

El estudio también revela que el empleo ha perdido gran parte de su función protectora, con casi el 48% de la población activa enfrentando precariedad laboral, lo que se traduce en 11,5 millones de trabajadores atrapados en empleos inestables.

Otros factores que intensifican la exclusión son la educación, el origen familiar, la salud y las relaciones sociales. El informe demuestra que la Educación Secundaria Obligatoria ya no garantiza protección contra la pobreza, y aquellos que no terminan estudios superiores enfrentan un riesgo 2,7 veces mayor de caer en exclusión severa.

En términos de origen familiar, los hijos de padres con bajo nivel educativo tienen más del doble de posibilidades de vivir en pobreza en comparación con aquellos cuyos progenitores tienen una buena formación académica. Además, el informe pone de manifiesto que el 6% de las familias más vulnerables afectadas por enfermedades graves no recibió atención médica, el doble de lo que se observa en la población general.

Asimismo, se registra un aumento alarmante del aislamiento social entre quienes sufren exclusión severa, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024, con un notable incremento del liderazgo femenino en los hogares excluidos. Casi la mitad de la población inmigrante se encuentra en esta situación, con tasas de exclusión que triplican a las de la población nativa.

El informe revela que un tercio de la exclusión severa recae sobre menores de edad, quienes tienen una tasa de pobreza del 29%, la más alta entre todos los grupos de edad en Europa. También menciona a 2,5 millones de jóvenes en condiciones precarias, creando un "efecto cicatriz" en sus trayectorias laborales y salariales.

Además, el documento denuncia que el modelo socioeconómico actual ignora los límites planetarios, con una huella ecológica que triplica la capacidad del territorio español. "Si todos viviéramos como lo hace la población española, necesitaríamos 2,5 planetas", alerta Flores, aludiendo también a un creciente individualismo.

El informe no solo diagnostica estos problemas, sino que ofrece más de 85 propuestas concretas para revertir la situación. "Es fundamental cambiar radicalmente el paradigma civilizatorio", destacó Flores en sus conclusiones.

Entre las recomendaciones, se subraya la importancia de establecer un sistema integrado de políticas que prevenga la desigualdad desde su origen, así como abordar de manera estructural la crisis de vivienda mediante la expansión del alquiler social y la regulación del mercado para contener los aumentos abusivos. También se propone transformar el empleo para erradicar la precariedad y dignificar los trabajos de cuidados, junto con una política fiscal que fomente la progresividad y que mejore la integración de la población migrante. "Es crucial facilitar los procesos de regularización para reducir la irregularidad y garantizar seguridad", concluyó Flores.