En un acontecimiento que destaca las tensiones en el noroeste de Colombia, el Ejército ha reportado el secuestro de 18 soldados en el departamento del Chocó. Este hecho, supuestamente perpetrado por un grupo de aproximadamente 200 personas pertenecientes a comunidades indígenas, ocurre en medio de las operaciones que las Fuerzas Armadas llevan a cabo contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Justo en el mismo día, este grupo armado declaró un alto el fuego que será efectivo del 24 de diciembre al 3 de enero, generando un contexto de esperanza por la paz en la región.

Según informó la Décimoquinta Brigada, los militares fueron rodeados mientras realizaban tareas de control y seguridad en Carmen de Atrato, específicamente en un “resguardo indígena”. Esta situación ha generado preocupación sobre la dinámica entre el Ejército y las comunidades locales que tradicionalmente han defendido sus derechos y territorios.

El comandante de la Brigada, William Fernando Caicedo, aseguró que los soldados se encuentran en buen estado, tras recibir comunicación vía satelital. "Estamos trabajando arduamente para garantizar su seguridad y buscar su liberación”, expresó Caicedo en una entrevista con la cadena RCN, resaltando la importancia de la vida de sus hombres en medio de esta crisis.

Desde el Ejército, se ha catalogado la situación como una clara violación de los derechos fundamentales de sus miembros, reafirmando que actúan dentro de un marco legal. Sin embargo, también se ha subrayado la necesidad de entablar el diálogo y de cumplir con el marco normativo internacional, buscando desarticular la violencia y los grupos armados junto a sus acciones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha manifestado su más enérgico rechazo al secuestro. En un comunicado, reiteró que los soldados se encontraban en una misión legítima para proteger a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, de peligros como el reclutamiento forzado y otros actos violentos. Sánchez consideró el hecho como un grave delito que interfiere en la función pública y afectó el bienestar de servidores que buscan cumplir su deber constitucional.

Además, el ministro ha anunciado que se emprenderán acciones legales y se coordinarán esfuerzos con otras entidades gubernamentales y organizaciones de derechos humanos, poniendo la vida y la integridad de los soldados como prioridad. El contexto de violencia en el que se desarrollan estas situaciones se ve acentuado por el anuncio del ELN, que implementará un alto el fuego en las festividades, intentando crear un clima de calma temporal después de un reciente paro armado que dejó tristes secuelas en el país.

Por su parte, el Frente 33 del ELN, liderado por Alexander Díaz Mendoza, también ha comunicado un cese indefinido de las hostilidades hacia las fuerzas de seguridad. Estos movimientos podrían ser el preludio a un nuevo intento de acercamiento y diálogo en un país que ha luchado intensamente con las divisiones que el conflicto armado ha generado a lo largo de los años.