El exmandatario peruano Pedro Castillo, actualmente bajo prisión preventiva debido a las acusaciones de rebelión y abuso de autoridad tras su fallido intento de disolución del Congreso en diciembre de 2022, ha tomado una nueva medida legal. Este miércoles, presentó una queja formal ante la Fiscalía, dirigiendo su denuncia a un grupo de aproximadamente 100 congresistas que votaron a favor de su destitución, así como a Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras su salida del cargo.

Castillo argumenta que la votación que resultó en su destitución fue ilegal, al señalar que se requirió una mayoría calificada que nunca se alcanzó. Según él, su cese se concretó con 101 votos, mientras que el reglamento del Congreso estipula que se necesitan al menos 104 para validar una decisión de esta índole, lo que él interpreta como un abuso de poder por parte de los parlamentarios.

Además, el expresidente ha indicado que se le negaron derechos fundamentales durante el proceso de su destitución, alegando que no tuvo acceso a asesoría legal —ni privada ni de oficio—, lo cual se considera una violación de su derecho a un juicio justo, según lo informado por el diario 'La República'.

En su solicitud formal a la Fiscalía, Castillo ha pedido la apertura de una investigación que incluya su testimonio y el del procurador del Estado, así como de los acusados, como recoge la emisora RPP. Esta nueva acción se presenta como una alternativa a una queja anterior, parcialmente archivada por el Ministerio Público en junio de 2023, que involucraba a más de 100 autoridades, entre ellas los congresistas, por presuntos delitos que no pudieron ser probados. Esta vez, Castillo introduce el argumento de que los votos fueron insuficientes para su destitución.

El ex presidente se encuentra en prisión después de que intentó disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022 y generar un gobierno de excepción, un movimiento que no recibió ningún apoyo y que resultó en una rápida acción del Parlamento para censurarlo.

Su gestión ha sido un reflejo evidente de la inestabilidad política que caracteriza a Perú, habiendo rotado por cinco diferentes gabinetes y más de 70 ministros en apenas 16 meses. Ante la falta de un rumbo claro y con un Congreso adverso, Castillo perdió incluso el respaldo de su propio partido, Perú Libre, lo que evidenció la gravedad de la crisis política en el país.