CCOO y UGT instan al Gobierno a avanzar con el registro de jornada a pesar de la oposición del Consejo de Estado.

El 24 de marzo, Madrid se convirtió en el epicentro de un importante debate sobre los derechos laborales en España, tras el pronunciamiento del Consejo de Estado en contra del proyecto de Real Decreto que busca reformar el registro de jornada. Las organizaciones sindicales CCOO y UGT manifestaron su profunda alarma y desacuerdo con este dictamen, advirtiendo que en lugar de cuestionar la normativa, el objetivo debería ser asegurar su implementación efectiva.

Pese a la opinión desfavorable del Consejo, ambos sindicatos instan al Gobierno a avanzar con la reforma del registro de horas trabajadas, la cual consideran clave para fortalecer las garantías y asegurar su aplicación práctica en el entorno laboral español.

En su comunicado, CCOO y UGT subrayan que el ejecutivo no debería utilizar un informe consultivo como excusa para el incumplimiento de sus compromisos adquiridos en el marco del diálogo social. "El respeto a los derechos de 16,6 millones de trabajadores está en juego, así como la equidad en nuestro sistema económico", enfatizan.

Los sindicatos argumentan que esta reforma es vital para fomentar condiciones de competencia justas entre las 1,34 millones de empresas del país. "No podemos permitir que las empresas que cumplen con la ley sean menos competitivas frente a aquellas que prosperan gracias al incumplimiento de las normativas laborales", añaden.

El Consejo de Estado, según información de Europa Press, criticó el proceso de tramitación rápida asignado a esta reforma, señalando que establecer un sistema uniforme de registro digital para todas las empresas debería requerir un análisis más exhaustivo.

Los sindicatos resaltan que el incumplimiento en la gestión del tiempo laboral en España es un fenómeno estructural, con cuatro de cada diez horas extraordinarias que no son remuneradas, lo que representa alrededor de 130 millones de horas anuales y un ahorro ilegítimo superior a 3.200 millones de euros para las empresas.

Desde esta perspectiva, la falta de cumplimiento no solo roba derechos a los trabajadores, sino que también afecta negativamente a la Seguridad Social y a las arcas del Estado, al dejar de aportar los ingresos fiscales correspondientes, reflejando un problema que no es nuevo ni ajeno a la realidad laboral del país.

CCOO y UGT expresan su preocupación por el hecho de que, a pesar de que el Consejo de Estado reconoce la existencia de incumplimientos "masivos", parece desviar la atención hacia cuestiones de procedimiento en lugar de abordar la esencia del problema: el respeto a la ley.

"Es incomprensible que, ante un fraude de esta magnitud, se planteen cautelas que podrían dar lugar a zonas de impunidad, cuando el actual sistema de registro horario ha demostrado ser insuficiente", sostienen, enfatizando la necesidad de un sistema realmente efectivo.

Ambas organizaciones recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que los registros de jornada deben ser "objetivos, fiables y accesibles", algo que consideran que el modelo vigente en España no cumple a cabalidad, algo que ha generado críticas desde instancias europeas.

Los sindicatos argumentan que la propuesta de Real Decreto estaba diseñada para abordar estas deficiencias, buscando incrementar la transparencia y evitar las manipulaciones en el registro de horas trabajadas.

El Consejo de Estado, según denuncian CCOO y UGT, ha mostrado un interés desproporcionado en la protección de datos, incluidos elementos del informe de la Agencia Española de Protección de Datos, que considera que la propuesta no cumple con la legislación actual en este ámbito.

Sin embargo, los sindicatos advierten que esta preocupación por la privacidad parece estar mal enfocada. "No se protege a los trabajadores, sino que se corre el riesgo de salvaguardar la identidad de las empresas que incumplen, dificultando el acceso de la Inspección de Trabajo a los registros", apuntan.

En este contexto, CCOO y UGT levantan la voz contra el posible extremo de que, en nombre de la protección de datos, también se limite el acceso de la Inspección de Hacienda a la contabilidad de las empresas, lo que podría poner en riesgo la transparencia fiscal y la correcta aportación tributaria.

El absurdo de esta situación, subrayan, es que la protección de datos no puede ser una justificación para obstaculizar el cumplimiento de la ley en el ámbito laboral.

Finalmente, ambas organizaciones hacen hincapié en lo preocupante que es que se remitan estas cuestiones a debates fuera de lo que son las normas laborales fundamentales, insinuando que el cumplimiento de derechos esenciales puede estar sujeto a negociación. "¿Realmente cree el Consejo de Estado que derechos como el pago de salarios y el cumplimiento de la jornada pueden considerarse negociables?", cuestionan.

La negociación colectiva es un instrumento vital, concluyen, pero no debe ser una excusa para eludir las obligaciones legales que resguardan a los trabajadores en el ámbito laboral.