El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra en el epicentro de una investigación que podría implicarlo en delitos graves como la integración en organización criminal y cohecho. El instructor del denominado 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo ha citado a Cerdán para que declare de manera voluntaria el próximo 25 de junio a las 10:00 horas, tras descubrir "consistentes indicios" que apuntan a su posible implicación junto a figuras destacadas como el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García en la adjudicación irregular de proyectos a cambio de comisiones.

El magistrado Leopoldo Puente ha tomado esta decisión considerando la condición de aforado de Cerdán como miembro del Congreso, un procedimiento que anticipa la necesidad de solicitar un suplicatorio a la Cámara para que se pueda proceder con la investigación. Ha aconsejado que asista con un abogado a este acto formal, mientras que ha convocado a Ábalos y a Koldo un día antes para ser interrogados nuevamente.

Este movimiento por parte del alto tribunal se produce tras el levantamiento del secreto sobre una pieza separada del caso, impulsada por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibido el 5 de junio. En dicho documento, Cerdán es mencionado en varias ocasiones, incluido en una conversación que podría evidenciar su implicación en la aceptación de pagos ilícitos, según lo informado por la 'Cadena SER' y confirmado por Europa Press.

Puente ha indicado que el informe contiene "referencias específicas" sobre la "aparentemente indebida adjudicación de ciertas obras públicas", lo que ha llevado a la apertura de nuevos elementos delictivos vinculados a la causa original. Esta situación ha motivado su deseo de interrogar no solo a Cerdán, sino también a Ábalos y Koldo.

Respecto a Cerdán, el magistrado resaltó que existen "consistentes indicios" respecto a su "posible participación" en connivencia con Ábalos y Koldo en la citada adjudicación irregular de obras públicas a cambio de un precio ilegal.

La investigación dio un paso más el martes pasado, cuando la UCO, bajo orden del magistrado Puente, llevó a cabo registros en la vivienda de Ábalos en Valencia y en varias empresas distribuidas en Granada, Valencia, Vizcaya y Navarra, dentro de esta pieza separada del caso.

La acción del Supremo surge a raíz del mencionado informe de la UCO, que detalla grabaciones encontradas en el teléfono móvil de Koldo, en las cuales Ábalos supuestamente admite haber recibido un "beneficio económico" a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Además de la residencia de Ábalos, los agentes de la Guardia Civil también registraron la empresa Serbinavar 2000 SL, administrada por Antxon Alonso, que, según otro informe de la UCO, realizó transferencias entre 2017 y 2018 a una cuenta perteneciente a Koldo y su ex esposa.