MADRID, 29 de noviembre.

La Mesa de Contratación de los servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado ha tomado una importante decisión: recomendar la exclusión de la UTE compuesta por Telefónica de España y Telefónica Soluciones (UTE TdE-TSOL) como adjudicataria de un contrato esencial, debido a su incumplimiento de un requisito fundamental: la falta de un plan de igualdad registrado en la empresa que aporta la solvencia técnica.

Este mismo criterio fue el que llevó a la anulación previa del contrato de MaSOrange, evidenciando una tendencia en la Mesa por priorizar el cumplimiento de la normativa en igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

En la reunión del 12 de noviembre de 2025, se determinó que la unión temporal liderada por Telefónica no debía continuar en el proceso para el lote 3, que abarca servicios críticos como la interconexión de centros de datos y la ciberseguridad, dentro del marco del expediente de 'Servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas' (Fase III).

Según la Mesa, la empresa Govertis Advisory Services, encargada de proporcionar la solvencia técnica, cuenta con más de 50 empleados. Sin embargo, a pesar de la obligación legal, no tiene inscrito un plan de igualdad en el registro oficial, lo que entraña una prohibición de contratación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Al verificar la falta de inscripción de Govertis en el Regcon, la Mesa considera que esto constituye un impedimento serio para que la UTE siga avanzando en el proceso de licitación, subrayando la relevancia de los requisitos personales en la adjudicación de contratos públicos.

El acta del encuentro destaca que Govertis, como parte del grupo Telefónica que debe demostrar solvencia técnica, influye directamente en la viabilidad de la oferta presentada por la UTE.

Previo a esta decisión, la UTE TdE-TSOL había intentado reemplazar a Govertis con otra empresa de su mismo grupo, Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT), argumentando que esta última estaba ya capacitada para asumir los roles necesarios, todo dentro del marco de la responsabilidad de 'compliance'.

No obstante, la Mesa desestimó esta opción, argumentando que permitir un cambio de este tipo supondría alterar la oferta más allá de los plazos establecidos y añadir requisitos de solvencia tras el cierre de presentación de propuestas, lo cual quebrantaría los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia que deben regir en estos procedimientos.

Si la exclusión es ratificada por el órgano de contratación, el lote 3 quedará desierto, dado que no se ha presentado ninguna otra oferta válida para esta fase del contrato.

Además, se ha solicitado al órgano de contratación que evalúe las posibles implicaciones que esta situación podría tener en el lote 1, que comparte el mismo adjudicatario propuesto.

Este expediente es parte de la tercera fase del proceso de servicios consolidados de telecomunicaciones, que unifica los contratos de comunicación de la AGE y otras entidades públicas bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Función Pública.