Un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha manifestado su escepticismo respecto a las recientes medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, señalando que su enfoque pasa por alto el problema de las 'puertas giratorias', un asunto crítico en la lucha contra la corrupción en España.

Las asociaciones Access Info Europe, APRI, Civio, Hay Derecho y Political Watch han hecho un llamado al Gobierno y a los partidos políticos para que refuercen la independencia y los recursos de las instituciones encargadas de abordar la corrupción, enfatizando la necesidad de un cambio real en la política española.

A través de un comunicado, estas organizaciones expresan su creciente preocupación por lo que consideran una falta de progreso en la regeneración democrática y una alarmante inacción del Gobierno en medio de escándalos de corrupción que han salpicado al PSOE, incluyendo la reciente condena del ex secretario de Organización, Santos Cerdán.

El director de Political Watch, Javier Pérez, declaró a Europa Press que la lucha contra la corrupción no se ha priorizado de manera suficiente en el ámbito legislativo en los últimos años. A pesar de esto, mostró una apreciación por algunas de las medidas presentadas por Sánchez durante su comparecencia ante el Congreso.

Sin embargo, Pérez sostiene que persiste un escepticismo respecto a estas iniciativas, ya que requieren una mirada a largo plazo que trascienda la actual legislatura. Aboga por un consenso amplio que involucre a todos los partidos para garantizar la continuidad de estas propuestas.

Las organizaciones también subrayan la falta de acciones concretas para abordar las 'puertas giratorias', lamentando que este problema no haya sido tratado con la seriedad que merece en el contexto de la regeneración democrática.

Ante lo que consideran una "falta de compromiso" del Gobierno, estas asociaciones han elaborado un conjunto de medidas urgentes que han enviado al Ejecutivo. Una de sus recomendaciones clave es fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, empoderando instituciones como la Autoridad Independiente de Protección del Informante con los recursos y la autonomía necesarios.

También proponen actualizar la Ley de Transparencia para garantizar el acceso a la información como un derecho fundamental, ya que este todavía no cuenta con el reconocimiento adecuado en el país.

En su lista de propuestas, insisten en la necesidad de transformar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un organismo independiente con capacidad de sanción y cuyos miembros sean seleccionados a través de un concurso público, asegurando su independencia política.

Además, subrayan la urgencia de una regulación robusta sobre los grupos de interés y un mejor control sobre los conflictos de intereses. La creación de una Oficina de Conflictos de Intereses verdaderamente independiente es una de sus principales sugerencias, ya que la legislación actual sigue siendo insuficiente en este ámbito.

Las asociaciones también hacen hincapié en la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, solicitando reformas que hagan más accesibles los procesos de participación pública y modernizando la Iniciativa Legislativa Popular para que tenga un impacto real en la política.

Finalmente, entre sus propuestas destacan la necesidad de elevar la calidad normativa y el papel del Parlamento, ya que consideran que el uso actual del Real Decreto-ley es excesivo y debería restringirse a los casos expresamente estipulados en la Constitución.

Estas organizaciones concluyen que la implementación de estas cinco reformas es esencial para detener el deterioro institucional y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.