El 19 de noviembre en Madrid, una reciente investigación del Parlamento argentino ha revelado serias acusaciones contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia. Ambos están siendo señalados por presuntamente utilizar su influencia política para promover la criptomoneda $LIBRA, en lo que la comisión considera una “estafa internacional” que ha llevado a pérdidas millonarias a inversores en todo el planeta.

Según el informe elaborado por una comitiva de diputados opositores, este caso plantea una grave crisis institucional. Los legisladores sostienen que Milei ha abusado de su posición de poder al involucrarse en actividades que están bajo investigación por presunta estafa de alcance global.

El documento destaca la necesidad de que ambos sean llamados a rendir cuentas en el Congreso debido a sus responsabilidades políticas en este asunto. Además, han decidido presentar denuncias penales contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, así como contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, a quienes acusan de negarse a colaborar en la investigación.

Con 205 páginas de contenido, el informe ha sido recibido por el oficialismo como una simple lista de "excesos", que va desde irregularidades administrativas hasta denuncias de autoritarismo. Nicolás Mayoraz, un diputado de La Libertad Avanza, ha calificado el documento como un “delirio”, según reporta el diario ‘La Nación’.

La comisión ha estado trabajando durante tres meses para analizar posibles irregularidades relacionadas con el anuncio que Milei hizo el 14 de febrero en sus redes sociales, promoviendo la criptomoneda $LIBRA como un medio para financiar pequeñas empresas y emprendimientos en Argentina.

Tras un inicial aumento explosivo de su valor, la criptomoneda cayó en picada, generando pérdidas de cientos de millones para aproximadamente 114.410 inversores, con operaciones que oscilan entre los 100 y 120 millones de dólares, según el informe.

Curiosamente, Milei eliminó su publicación de apoyo en redes sociales tras las primeras denuncias, para luego intentar distanciarse del problema con un nuevo mensaje. La comisión considera que esta acción fue "crucial" para facilitar las irregularidades denunciadas.

El diputado Óscar Agost Carreño describió la situación como un "ardid y engaño", señalando que el patrón de fraude es común en el ámbito de las criptomonedas, que normalmente comienza con una fuerte promoción por parte de figuras públicas, seguida de un aumento en el interés de compradores y, finalmente, el retiro de fondos por parte de los promotores, dejando a los inversores con pérdidas totales.