
En una evidente muestra de descontento, varios miembros de gobiernos autonómicos liderados por el PP han expresado su indignación ante las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que intentaron minimizar el impacto del acuerdo con ERC para otorgar a Cataluña una financiación singular.
En sus primeras declaraciones sobre el pacto entre PSC y ERC, Montero afirmó que el acuerdo suscrito no constituye un concierto económico ni una reforma del modelo de financiación, lo cual fue rechazado por Esquerra, quienes amenazaron con retirar su apoyo a Pedro Sánchez si el pacto no se cumplía.
Entre los críticos hacia Montero se encuentran destacados líderes del PP, como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien calificó la actitud de la ministra como un "esperpento" y le reprochó una falta de transparencia y explicaciones sobre lo acordado.
En este sentido, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acusó a la vicepresidenta de jugar con los ciudadanos, tratándolos como si fueran ingenuos, lo cual considera irresponsable y desleal.
Asimismo, el consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, afirmó que Montero está intentando engañar a los andaluces al negar la existencia de una financiación singular para Cataluña, lo cual considera un insulto hacia su comunidad autónoma.
Otro crítico fue el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien responsabilizó al presidente Pedro Sánchez de ceder a los intereses separatistas y advirtió que el gobierno regional acudirá a los tribunales si se aprueba la financiación singular en el Congreso.
Por su parte, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, criticó los cambios de opinión de Montero y aseguró que la financiación singular para Cataluña es en realidad un concierto económico, pese a los intentos de la ministra por negarlo.
Finalmente, desde la Generalitat valenciana se sostiene que el acuerdo entre PSC y ERC efectivamente constituye un concierto económico, al establecer una relación especial entre el gobierno y una comunidad de forma bilateral, cediendo a Cataluña la gestión y recaudación de impuestos estatales y previendo una contribución catalana a las finanzas del Estado.
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