Congreso aprueba reforma del Código Penal para endurecer penas ante la multirreincidencia.
MADRID, 26 de marzo. La reforma del Código Penal ha sido aprobada definitivamente en el Congreso este jueves, en un esfuerzo por combatir la multirreincidencia a través de un endurecimiento de las penas. Esta iniciativa, originada por el partido Junts, fue reactivada por el PSOE después de que los independentistas anunciaron su intención de romper el pacto de legislatura.
La nueva normativa ha sido oficialmente remitida al Boletín Oficial del Estado (BOE) tras contar con el apoyo del PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. En contraposición, ERC optó por la abstención, mientras que sus aliados de izquierda, como Bildu, Podemos, BNG y Compromís, votaron en contra del proyecto.
Durante su paso por el Senado, donde el PP tiene una fuerte mayoría, se aprobó una enmienda respaldada por PP, Vox y Junts que modifica la Ley de Extranjería. Esta enmienda establece que para la regularización de inmigrantes, se requerirá que el solicitante no tenga antecedentes penales ni esté bajo investigación en España o en otros países.
Otro punto aprobado en el Senado fue una propuesta del PP que solicita al Gobierno que aumente el número de plazas en las Fiscalías provinciales y autonómicas, adicionando un fiscal por cada 100.000 habitantes, o por fracción superior a 50.000.
No obstante, el Gobierno evitó que estas enmiendas fueran votadas en el Congreso, haciendo uso de su prerrogativa para frenar las propuestas que implicaran un aumento del gasto público. Esta decisión fue respaldada por la mayoría de la Mesa de la Cámara Baja, formada por el PSOE y Sumar, quienes consideraron que dicho debate era innecesario.
Desde el Ejecutivo se argumentó que la enmienda sobre extranjería conllevaría la necesidad de añadir 400 nuevos funcionarios en las comisarías, lo que representaría un costo anual de aproximadamente 16,78 millones de euros. Por otro lado, el veto a la petición de creación de nuevas plazas fiscales se justificó con el cálculo de que esto implicaría un gasto adicional de 53,79 millones de euros.
Surgieron también otras enmiendas que pasaron el filtro de la Mesa, destacándose dos que han sido finalmente aprobadas. La primera establece penas de seis a 18 meses de prisión o multas de uno a dos años para aquellos que defrauden electricidad para cultivos de marihuana, mientras que la segunda impone entre tres y cinco años de cárcel por el denominado 'petaqueo', relacionado con el suministro de combustible a narcolanchas.
Además, se ha establecido que la nueva ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, acelerando su aplicación en comparación con el plazo de 20 días originalmente planteado por el Congreso.
El debate sobre esta reforma ya había comenzado en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde el PSOE y Junts lograron consensuar medidas que aumentan las penas para el robo de móviles, así como para estafas inferiores a 400 euros, endureciendo las sanciones para aquellos que reincidan en este tipo de delitos.