Congreso implementa nuevas políticas por conflicto en Irán: reducción del IVA, apoyo social y ajustes en el IRPF.

En un paso significativo hacia la gestión de crisis, el Congreso de los Diputados ha respaldado el decreto ley que el Gobierno presentó la semana pasada para mitigar los efectos derivados del conflicto en Irán, conflicto que ha reverberado en los mercados energéticos y ha incrementado drásticamente los precios de gas y petróleo.

El Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el 20 de marzo, introduce el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que prevé movilizar más de 5.000 millones de euros, un esfuerzo considerable por parte del Ejecutivo para hacer frente a esta situación crítica.

Entre las medidas implementadas que se mantendrán en vigor hasta 2026, se contempla la opción de prorrogar su aplicación si los precios siguen aumentando, lo que permitirá que la respuesta gubernamental se ajuste al contexto del conflicto.

Una de las iniciativas más destacadas es la reducción del IVA del 21% al 10% en productos esenciales como gasolina, gasóleo, gas y electricidad. Asimismo, se disminuirá el impuesto sobre pellets y leña al 10%, buscando así aligerar el coste energético para las familias y las empresas.

Los ciudadanos también podrán beneficiarse nuevamente de deducciones del 30% y 40% en el IRPF por realizar rehabilitaciones energéticas en sus viviendas, además de una deducción del 15% en la compra de vehículos eléctricos, con un límite de 20.000 euros y siempre que no se utilicen en actividades económicas.

El Gobierno ha decidido ampliar el bono social eléctrico y mantener la protección social durante todo 2026, lo cual es una medida crítica para apoyar a los hogares en esta época de crisis energética.

Una medida relevante es la congelación del costo de la bombona de butano y del propano durante todo 2026, con el fin de proteger a quienes dependen de estos combustibles de las fluctuaciones del mercado energético.

Además, el Congreso ha decidido prorrogar la suspensión del impuesto del 7% sobre la Producción de Energía Eléctrica y ha reducido el Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el mínimo establecido por la Unión Europea, fijado en un 0,5%.

Las empresas electrointensivas también obtendrán un alivio, con una bonificación del 80% en los peajes eléctricos, en una clara señal de apoyo a la industria nacional frente a los crecientes costos energéticos.

Por otro lado, se reducirá la carga fiscal sobre los hidrocarburos hasta el umbral mínimo permitido por la Unión Europea, una medida destinada a mitigar los costos del transporte profesional y de aquellos sectores particularmente vulnerables a la subida de precios en energía.

Sin embargo, dada la naturaleza excepcional de estas iniciativas, las reducciones en impuestos como el de Hidrocarburos, el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA en junio de 2026 estarán sujetas a la evolución del índice de precios al consumo de los productos afectados.

El paquete de medidas también prevé una ayuda directa, equivalente a 20 céntimos, destinada a sectores afectados como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, y será distribuida por la Agencia Tributaria y los gobiernos forales de País Vasco y Navarra.

Además, se ofrecerá ayuda para la compra de fertilizantes, con el objetivo de contener los precios en la cesta de la compra y asegurar la estabilidad alimentaria.

Se introducirán bonificaciones en el IBI de hasta un 50% para construcciones que incorporen sistemas de aprovechamiento energético sostenible y beneficios de hasta el 95% en el ICIO para obras que utilicen estos sistemas.

El plan también establece una prohibición para que las empresas despidan a trabajadores por razones económicas relacionadas con el conflicto en Oriente Medio, especialmente para aquellas que reciben apoyo gubernamental en respuesta a la crisis.

Se reforzarán las capacidades de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), garantizando que las empresas beneficiadas no abusen de la situación. Esto incluye un control más riguroso sobre los márgenes de beneficio de las compañías de suministro de combustible.

El Gobierno de coalición ha decidido adelantar a 12 meses el plazo para la implementación de planes de movilidad sostenible en empresas y entidades públicas con más de 200 empleados, obligándolas a tener estos planes listos antes del 5 de diciembre de 2026.

UNA NUEVA ERA EN VIVIENDA PÚBLICA

Finalmente, se implementará una reforma normativa que busca fomentar la construcción de vivienda pública y asequible, ajustando la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar esta construcción en terrenos de propiedad pública.

Con este nuevo enfoque, se pretende simplificar y flexibilizar el marco legal, promoviendo la colaboración público-privada y favoreciendo el acceso a vivienda digna, en línea con la Ley de Vivienda de 2023.