El 12 de noviembre de 2025, Madrid ha dado a conocer datos preocupantes sobre la Tasa de Gestión de Residuos (TGR) que afecta a los hogares españoles, con un promedio que ha escalado hasta los 116,32 euros, lo que representa un aumento del 16,2% en comparación con el año anterior. Esta información se extrae del informe ‘Las Tasas de Residuos en España 2025’, elaborado por el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, el cual se basa en los datos proporcionados por 131 municipios, incluyendo todas las capitales provinciales del país.

La TGR, comúnmente conocida como tasa de basuras, se impone para cubrir los costos relacionados con la recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos generados por hogares y comercios. Este tributo, regulado por la Ley 7/2022 de residuos, tiene como finalidad alinearse con los compromisos europeos en materia de reciclaje y sostenibilidad, estipulados en directrices comunitarias.

Desde abril de este año, la legislación española ha establecido que todos los ayuntamientos deben implementar esta tasa para asegurar que el coste del servicio de gestión de residuos sea cubierto al 100%. Sin embargo, han sido delegadas a las diferentes administraciones locales la responsabilidad de su diseño y aplicación, sin ofrecer criterios estandarizados para su cálculo.

La presión de las normativas europeas ha llevado a muchas grandes ciudades, incluida Madrid, a introducir la tasa de basuras, de la cual anteriormente carecían. Este crecimiento en la TGR ha generado discrepancias significativas entre municipios, con posibles variaciones que llegan hasta los 230 euros. En 2025, el costo promedio para un hogar variará entre los 288 euros en Valencia y los 57 euros en Toledo o Palencia, pasando por 144,40 euros en Barcelona y 102,41 euros en Madrid, dependiendo de los métodos de cálculo empleados por cada ayuntamiento.

Particularmente en Madrid, el cálculo de la tasa se realiza mediante una combinación de un componente fijo, que se basa en el valor catastral de la propiedad, y otro variable que se ajusta conforme a la cantidad de residuos que genera cada persona en su barrio. Este sistema también contempla un coeficiente que incentiva la correcta separación de residuos, premiando a quienes reciclan adecuadamente y penalizando las malas prácticas.

Este enfoque tiene como objetivo que el importe a abonar no solo refleje la capacidad económica del inmueble sino también el comportamiento ambiental del vecindario en su conjunto. Legalmente, la responsabilidad de pagar este tributo recae en el propietario de la vivienda, quien es considerado el sujeto pasivo ante la administración local. Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos permite que, a través de una cláusula específica en el contrato de alquiler, este gasto sea asumido por el inquilino.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo una denuncia ante la Comisión Europea, criticando la aplicación generalizada y falta de transparencia en la justificación de esta tasa en varios municipios. En respuesta, colectivos como Facua han puesto en marcha plataformas de apoyo y modelos de reclamación, ayudando a ciudadanos de diversas localidades a solicitar la devolución de la TGR si consideran que ha sido cobrada de manera injusta.

Los consumidores tienen un plazo de 30 días a partir de la notificación del pago para presentar un recurso de reposición, aunque esta acción no exime de la obligación de abonar la tasa, como aclara la organización de consumidores mencionada.