En Madrid, el 25 de abril, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su disposición a organizar movilizaciones si el Gobierno central y las comunidades autónomas no logran resolver sus diferencias en torno a la financiación de las universidades públicas.

El sindicato ha señalado que las comunidades exigen al Ejecutivo una inversión de 4.000 millones de euros para alcanzar el objetivo del 1% del PIB establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para el año 2030. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la responsabilidad de la financiación recae en las administraciones autonómicas.

CSIF propone que la solución a esta disputa radica en la creación de un Pacto de Estado que garantice la financiación de las universidades, determinando qué nivel de aporte debe realizar cada administración y así asegurar recursos suficientes para mantener una educación superior de calidad y facilitar la investigación.

El sindicato también ha denunciado que la falta de financiación adecuada está limitando la capacidad de las universidades para ampliar su oferta académica, mejorar sus instalaciones y atender necesidades básicas como residencias o aumentar el número de plazas disponibles.

Asimismo, CSIF ha advertido que esta situación de infrainversión perpetúa la precariedad laboral entre el profesorado y el personal investigador, con un alarmante 50% de temporalidad según el Boletín Estadístico de Empleados Públicos de julio de 2024.

La organización también destacó el retraso en la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). Este marco regulador es crucial para 111.000 profesionales del ámbito universitario, ya que definirá sus funciones, modelo salarial y condiciones laborales, así como aspectos de movilidad y promoción interna.

Además, el estatuto contribuirá a establecer una carrera profesional coherente y progresiva, dirigida a erradicar la precariedad laboral, con el objetivo último de mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación en las universidades públicas.