En Madrid, el 29 de julio, el panorama del permiso parental en España ha cobrado un nuevo impulso de discusión tras el reciente anuncio del Gobierno. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado este avance como "insuficiente", al reivindicar la necesidad de cumplir con las 8 semanas establecidas en la normativa europea para el permiso de cuidado de menores hasta los 8 años. En este contexto, la organización sindical está evaluando la posibilidad de presentar una queja formal ante Bruselas, con el propósito de instar al Gobierno español a reconocer esta esencial medida social.

En su comunicado, CSIF subraya el reconocimiento de los avances logrados en términos de igualdad social, como la extensión de los permisos de maternidad y paternidad, así como los derechos otorgados a familias monoparentales. No obstante, insiste en la necesidad de que el Gobierno cumpla con la legislación europea para facilitar la conciliación laboral y familiar, evitando que la carga del cuidado recaiga desproporcionadamente sobre las mujeres.

La organización sindical también ha puesto de relieve que los tribunales españoles han fallado a favor de las 8 semanas en diversas sentencias, tanto en el ámbito público como en el privado. Desde CSIF se ha anunciado que sus equipos jurídicos continuarán trabajando en la defensa de este derecho fundamental.

Un ejemplo significativo se menciona en relación con una sentencia del Ayuntamiento de Barcelona, así como decisiones judiciales recientes en Valladolid y Cuenca. Además, destacan que el 3 de junio, se dictó la primera sentencia en el sector privado, en el Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona. Esta situación podría abrir un debate jurídico crucial, dado que las empresas pueden enfrentar reclamaciones por incumplimientos atribuibles al Gobierno español.

Las resoluciones judiciales actuales subrayan un punto central: la justicia europea, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han coincidido en la interpretación de que, en virtud del principio de primacía del derecho europeo, los jueces deben adecuar las normas internas a las disposiciones europeas. Esto coloca a España en la encrucijada de aceptar y aplicar las obligaciones que le corresponden dentro del marco europeo.

Desde este enfoque, CSIF clarifica que las directrices de la Directiva europea (UE) 2019/1158 son categóricas, con un lenguaje claro y preciso, y establece de manera tajante que el permiso parental debe ser remunerado, reafirmando la urgencia de un cambio significativo en la política de permisos parentales en nuestro país.