El 18 de mayo, Madrid se prepara para ser el escenario de una acción importante por parte de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que tiene previsto presentar una solicitud formal en el Palacio de la Moncloa. Esta petición reclama urgentemente que el Gobierno cumpla con la obligación de abonar la subida retributiva del 0,5% que queda pendiente desde el año pasado, así como el inicio de negociaciones en torno a un nuevo acuerdo salarial y la oferta de empleo público para 2025.

El líder del sindicato, Miguel Borra, ha expresado su descontento ante la situación actual, subrayando la inaceptable realidad de que los trabajadores del sector público continúan con sus salarios estancados y sin que se haya abordado el incremento retributivo que se les debe.

CSIF estima que el Gobierno tiene una deuda acumulada con los empleados públicos que asciende a unos 1.200 millones de euros, cifra que refleja tanto los atrasos como la creciente presión del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El sindicato argumenta que, al igual que se hizo en años anteriores (2020 y 2024), el Gobierno debería adoptar un decreto para aprobar de manera inmediata la subida salarial pendiente. Esta solicitud se justifica por la falta de acción del ministro de Función Pública, Óscar López, en la resolución de esta problemática.

A pesar de las múltiples demandas que han surgido desde el sindicalismo en favor de los empleados públicos, CSIF critica la inacción del Gobierno, afirmando que “no se están tomando las medidas necesarias”. Miguel Borra lamentó la ausencia de presupuestos y de una oferta de empleo público, además de una tasa de reposición que limita el fortalecimiento de las plantillas en el sector.

En consonancia con su propuesta, CSIF busca también impulsar un cambio legislativo que garantice la revalorización automática de los salarios de los empleados públicos cada año, alineándolos con el IPC y añadiendo un porcentaje adicional que se acuerde en las negociaciones, similar a lo que ocurre con las pensiones.