DDHH alerta sobre la reforma israelí de la pena de muerte y su impacto discriminatorio hacia palestinos.

En Madrid, el 31 de marzo, se ha dado a conocer la aprobación en el Parlamento israelí de una controvertida Ley de Pena de Muerte para Terroristas, que establece la ejecución capital, mediante ahorcamiento en secreto, para delitos de terrorismo, aplicándose exclusivamente a palestinos. Esta nueva normativa ha generado una fuerte ola de críticas de diversas organizaciones de Derechos Humanos, las cuales han exigido su derogación inmediata.

El Centro Palestino de Derechos Humanos se ha pronunciado enérgicamente contra esta legislación, describiéndola como un ataque frontal a la población palestina que perpetúa la política de ejecuciones extrajudiciales de Israel bajo la apariencia de legalidad, violando gravemente el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. A través de sus redes sociales, han reclamado a la comunidad internacional que actúe con urgencia para salvaguardar los derechos de los prisioneros palestinos y asegurar mecanismos de rendición de cuentas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina también ha emitido un comunicado alertando que esta legislación refuerza la separación racial y el apartheid en el Estado israelí, dado que su aplicación está restringida a los palestinos de Cisjordania ocupada y de Israel, muchas veces condenados tras juicios que carecen de garantías. Las autoridades israelíes han sido instadas a cancelar esta ley, que va en contra de sus obligaciones internacionales.

La oposición a esta ley no se limita a instancias locales; el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, conocido como Adalah, ha calificado esta norma como una institucionalización del asesinato estatal que viola principios fundamentales de igualdad y prohibición de discriminación. La organización ha advertido que es una clara transgresión del derecho internacional y planea llevar el asunto ante el Tribunal Supremo israelí de manera urgente.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han alzado la voz contra esta reforma. Amnistía ha instado a Israel a eliminar de inmediato esta legislación que, según su análisis, representa un acto de crueldad y desprecio absoluto hacia los Derechos Humanos. La directora de la ONG, Erika Guevara-Rosas, señaló que esta ley se aprueba en un contexto de impunidad para las fuerzas israelíes, lo que profundiza la deshumanización de los palestinos.

Human Rights Watch ha calificado la pena de muerte como una práctica inaceptable bajo cualquier circunstancia. Su subdirector en Oriente Medio ha subrayado que esta legislación profundiza las disparidades en el sistema legal, característico de un régimen de apartheid, donde la aplicación de la pena capital es más frecuente y menos supervisada para los palestinos.

Desde Europa, el Consejo de Europa ha expresado su rechazo a la expansión de la pena de muerte. Su secretario general, Alain Berset, ha subrayado que esta legislación aleja a Israel de los valores que históricamente ha defendido. Ha hecho un llamado a la revocación de esta ley, aludiendo a su incompatibilidad con los estándares contemporáneos de derechos humanos y la inaceptabilidad de cualquier forma de aplicación discriminatoria.

Varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, también han manifestado su profunda preocupación por esta iniciativa, tachándola de discriminatoria y haciendo un llamado a Israel para que fracase en su implementación. Irlanda, a través de su ministra de Exteriores, ha expresado su particular inquietud sobre la naturaleza discriminatoria de esta legislación, instando al gobierno israelí a no proceder con su aplicación.