Deloitte advierte que el impuesto al plástico está afectando la competitividad de España, el único país que lo implementa.

MADRID, 29 de marzo.

La implementación del Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables, que comenzó en enero de 2023, está generando serias preocupaciones en España, ya que está afectando negativamente la competitividad del país en comparación con otros miembros de la Unión Europea, revela un nuevo análisis de Deloitte, divulgado por Europa Press.

Este impuesto, impulsado por Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta y comisaria europea, tenía como objetivo fomentar la economía circular y mejorar la gestión de residuos. No obstante, las repercusiones económicas ya son evidentes y están golpeando a una gran variedad de sectores más allá del plástico, encareciendo los costes de embalaje y complicando los trámites administrativos.

El impuesto se aplica a aquellos envases de plástico no reutilizables, así como a productos plásticos semielaborados y elementos que permiten el sellado y presentación de estos envases. A pesar de la intención ecológica del tributo, la realidad ha demostrado que es una carga que está desincentivando la producción local.

El informe también destaca un aumento notable de las importaciones de productos sujetos a este impuesto, predominando las procedentes de Brasil, Arabia Saudí y Egipto. Esto ha creado una situación en la que la legislación parece favorecer, de forma casi fraudulenta, a los importadores, en detrimento de los fabricantes locales.

En el caso de los productores nacionales, el impuesto se ha traducido en un aumento de precios en todas las operaciones a partir del 1 de enero, independientemente de cuándo se fabricaron los envases. En contraste, las importaciones solo se ven gravadas al momento de su entrada al país, lo que ha llevado a muchas empresas a adelantar sus compras para evitar el nuevo coste fiscal. Como resultado, las importaciones crecieron un 31,8% en 2022, alcanzando las 95.200 toneladas.

Los fabricantes españoles han visto una drástica disminución en sus ventas y producción, que han caído entre un 20 y un 30% durante 2023 si se comparan con el año anterior. A esto se suma un otro desafío: la gran llegada de film estirable declarado como plástico reciclado, que podría estar en su mayoría fabricado fraudulentamente, alcanzando porcentajes alarmantes cerca del 90% en muchos de los materiales importados, cuando debería limitarse al 30% según la normativa.

En términos de costes, los productos nacionales, incluyendo el impuesto, están rondando los 2,27 euros por kilogramo, un precio considerablemente más alto que los 1,19 euros por kilogramo de las importaciones de países como Arabia Saudí, Egipto o Brasil. Esta disparidad impositiva entre productos nacionales e importados representa entre un 25% y un 30% del precio final, lo que, según Deloitte, destruye la posibilidad de una competencia justa, poniendo en riesgo la supervivencia de las empresas locales.

Se menciona que Arabia Saudí, Brasil y Egipto han optado por España como su principal mercado, concentrando el 71% de sus exportaciones de film estirable a Europa en el país. Esto ha llevado el análisis a concluir que el impuesto ha generado una crisis profunda en el sector de plásticos transformados, impactando severamente la competitividad en el ámbito nacional.

El informe advierte que, además de incrementar los costes operativos y administrativos en toda la producción nacional, ha colocado a España en una situación desfavorable frente a otros países que no presentan medidas fiscales similares. La tendencia también señala un incremento en el uso de envases mixtos, como papel y plástico, que son más difíciles de reciclar.

Aunque la ley que instituyó el impuesto contempló una excepción para los envases que contenen plástico reciclado, el documento de Deloitte señala que no se puede verificar esta condición, dada la falta de análisis físico o químico que lo respalde.

Ante esta situación, Deloitte exhorta a llevar a cabo reformas en las leyes y procedimientos operativos, de modo que se garantice tanto la eficacia recaudatoria como la seguridad jurídica y la alineación del tributo con sus objetivos medioambientales.