La Plataforma de Mayores y Pensionistas ha hecho un llamado urgente para establecer un "pacto de Estado" que promueva un enfoque más robusto y social en torno a la dependencia, en medio de un contexto que demanda atención urgente a las necesidades de este sector de la población.

El 9 de abril, Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, anunció que la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad será presentada en el Congreso de los Diputados el próximo otoño. Esta declaración se realizó durante el diálogo titulado "Claves de la futura reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia".

Durante la sesión, Martínez estuvo acompañada por figuras clave como Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas; Luis Cayo Pérez Bueno, líder del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); y la experta en envejecimiento Victoria Zunzunegui. La secretaria de Estado subrayó que el objetivo primordial del nuevo anteproyecto de ley es modernizar el sistema de dependencia, alineándolo con los estándares de cuidado presentes en muchos países europeos, una necesidad que se ha hecho evidente tras la pandemia.

Martínez también destacó la importancia de abordar simultáneamente dos áreas críticas: la financiación adecuada del sistema y la mejora de la normativa vigente. En este sentido, fue clara al afirmar que "el momento para realizar estos cambios es ahora".

Por su parte, la Plataforma de Mayores y Pensionistas ha enfatizado la urgencia de un Pacto de Estado y un "mayor empuje" por parte de los poderes públicos y la ciudadanía para implementar las reformas necesarias en el ámbito de la dependencia.

Jesús Norberto Fernández expresó que muchas de las demandas de la Plataforma parecen verse reflejadas en el anteproyecto, que promueve una nueva visión de los derechos y se alinea más con las normativas europeas. Resaltó la necesidad de un enfoque centrado en la persona y la introducción de una variedad de servicios de apoyo domiciliario, permitiendo así a las personas mayores seguir envejeciendo en su hogar.

No obstante, también señaló que existen dudas sobre los plazos de tramitación, las desigualdades territoriales y la sostenibilidad financiera que aún necesitan atención.

En el mismo diálogo, Luis Cayo Pérez Bueno manifestó que, aunque se espera que la reforma ofrezca más beneficios, el tema de la financiación sigue sin resolverse. También hizo hincapié en que es fundamental involucrar a los poderes públicos tanto a nivel estatal como autonómico para mejorar la gobernanza del sistema.

Pérez Bueno destacó que se requiere una gobernanza más efectiva en las tres administraciones y subrayó la importancia del servicio de asistencia personal, vital para las personas con discapacidad, cuyo desarrollo aún enfrenta retrasos en algunas regiones del país.

Finalmente, Victoria Zunzunegui centró su atención en las condiciones laborales de los trabajadores del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), insistiendo en la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo y proporcionarles formación adecuada para hacer frente a este desafío creciente.

Entre las sugerencias para perfeccionar la norma, Zunzunegui propuso una evaluación más clara de las prestaciones, con el objetivo de elevar su calidad y eficacia, así como la reducción de cargas administrativas para facilitar el acceso al sistema.