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Desafío clave para la Ley de Protección de la Infancia: la creación de juzgados especializados, según ONG

Desafío clave para la Ley de Protección de la Infancia: la creación de juzgados especializados, según ONG

En un contexto en el que se cumplen tres años de la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), la Plataforma de Infancia señala que aún queda mucho por hacer para su plena implementación. En este sentido, la creación de una justicia amigable y juzgados especializados se posiciona como el desafío principal a nivel estatal.

La organización, compuesta por 70 entidades de infancia, destaca la importancia de la justicia para evitar la revictimización de los niños y niñas víctimas de violencia en los procesos judiciales. A pesar de ello, se señala que hay tres proyectos de ley en curso que representan una oportunidad para lograr una justicia adaptada a la infancia, y se insta a los grupos parlamentarios a trabajar en esta dirección, según Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia.

Por otro lado, la Estrategia de Erradicación de la Violencia Infantil y Adolescente (EEVIA) carece de previsión presupuestaria, lo que genera preocupación en las organizaciones de infancia. Se hace un llamamiento a las Administraciones estatales y autonómicas para asegurar el presupuesto necesario para las acciones contempladas en el plan.

A pesar de estos desafíos, se destaca la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia (CEPIA) en 2021, así como la puesta en marcha de la Comisión frente a la violencia en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA) en 2022, como aspectos positivos.

En el ámbito autonómico, se enfatiza la necesidad de desarrollo de la LOPIVI en todas las regiones para que se convierta en una realidad, recordando que solo cuatro comunidades han modificado sus leyes de infancia desde su aprobación.

En relación al ocio y tiempo libre, se apunta que no se ha regulado la figura de delegado de protección en todas las comunidades autónomas. Se destaca la importancia de que las administraciones públicas elaboren protocolos para prevenir la violencia contra niños y adolescentes en este ámbito, incitando a las Comunidades Autónomas a avanzar en este aspecto.

En el sistema de protección, se insiste en la necesidad de crear entornos seguros para la infancia y la adolescencia, abogando por la incorporación de figuras análogas al delegado de protección en todos los recursos residenciales.

En el ámbito educativo, se pone de manifiesto la heterogeneidad en la regulación de la figura del coordinador de bienestar en las diferentes comunidades autónomas. Por ello, se propone un acuerdo para establecer mínimos que garanticen el funcionamiento adecuado de esta figura en todos los centros escolares, así como medidas para todas las etapas educativas e infraestructuras seguras en escuelas infantiles.

En conclusión, las organizaciones de infancia remarcan la importancia de trabajar en la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, dentro del marco establecido por la ley, como un paso fundamental para garantizar su bienestar y seguridad.