En una operación significativa, las autoridades han arrestado a cinco individuos en las ciudades de Bilbao y Gijón, con dos de ellos siendo enviados a prisión preventiva.

MADRID, 24 de junio.

La Policía Nacional ha desmantelado una compleja red criminal involucrada en la trata y explotación sexual, que operaba a través de varios pisos prostíbulos en seis comunidades autónomas. La operación resultó en la liberación de 18 mujeres que habían sido víctimas de esta organización.

Según un comunicado oficial de la Policía, se llevaron a cabo siete registros domiciliarios, en los que se confiscó una suma considerable de 12.245 euros en efectivo, además de nueve dispositivos móviles y documentos que prueban las actividades criminales. La investigación también dio lugar al bloqueo de diez cuentas bancarias asociadas a los detenidos.

Los arrestados gestionaban pisos de prostitución, ya sea de manera temporal o permanente, en diversas regiones, incluyendo Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León, llevando a cabo una actividad definida como "itinerante" por los investigadores.

Las mujeres, originarias de Colombia, eran atraídas a España mediante ofertas laborales engañosas. Una vez que llegaban a la península, se les imponía una deuda que variaba entre 4,500 y 5,000 euros, llegando en un caso a ser de 8,000 euros. Para saldar estas deudas, eran forzadas a ejercer la prostitución y, además, se les administraban drogas para prolongar sus servicios sexuales.

La investigación se inició en 2024 tras el relato de una víctima que logró escapar de esta situación en Santander. Su testimonio reveló la existencia de una organización criminal organizada en tres ramas, que trabajaban en conjunto para perpetuar la explotación.

Las condiciones a las que eran sometidas las mujeres eran extremas. Se les obligaba a estar disponibles las 24 horas del día, sin opción a rechazar a los clientes. Su situación se complicaba aún más debido a una rotación quincenal entre los distintos pisos, lo que dificultaba su estabilidad y aumento su vulnerabilidad.

Además, la investigación reveló que las víctimas eran objeto de agresiones físicas si se negaban a trabajar, y eran forzadas a abrir cuentas bancarias a nombre propio, las cuales eran utilizadas por los criminales para operaciones financieras encubiertas.