Una alarmante situación se ha revelado en España, donde se estima que una organización criminal ha recibido la friolera de 19 millones de euros desde 2021 por la inaceptable práctica de gestionar 40.000 toneladas anuales de residuos de origen urbano de manera ilegal.

En Madrid, el 14 de enero, la Guardia Civil lanzó la Operación 'Rifiuti', la cual ha llevado a la detención y a la investigación de 15 individuos y siete empresas vinculadas a este entramado criminal que se dedica al tráfico ilícito de residuos. Este escándalo no solo pone en entredicho la capacidad de las autoridades para regular el manejo de desechos, sino que también revela una trama que ha convertido a España en el vertedero de residuos ilegales provenientes de Italia.

Las investigaciones realizadas indican que los acusados habrían recibido más de 19 millones de euros a través de empresas italianas encargadas del tratamiento de residuos. Estas empresas, en lugar de procesar los residuos adecuadamente, optaron por un camino más económico: enviar los desechos a España para su eliminación, lo que ha permitido a estos individuos obtener ganancias millonarias a expensas del medio ambiente y la salud pública. Se les imputa la comisión de múltiples delitos, incluyendo pertenencia a organización delictiva y falsedad documental.

Todo comenzó cuando las autoridades detectaron un flujo incontrolado de residuos a España con documentación sospechosa. Los residuos, que incluían materiales peligrosos y tóxicos, eran vertidos en diversas localidades de Tarragona y Cuenca sin el tratamiento debido. Esta situación refleja una grave violación de las normas ambientales, las cuales exigen que cada país gestione sus propios residuos y se encargue de su adecuado tratamiento.

Las pesquisas iniciales permitieron destapar una red de empresas con conexiones en Cataluña y Castilla-La Mancha, que comerciaban con estos residuos italianos. Los camiones, que ingresaban en instalaciones de gestión de residuos, redirigían las cargas directamente a vertederos, sin someterlas a los procesos de valorización requeridos por la ley. Esta serie de actos ilegales ha generado una montaña de desechos que supera las 40.000 toneladas anuales desde el 2021, un problema que no solo compromete nuestro entorno, sino también la salud de las comunidades afectadas.

A pesar de que las empresas italianas estaban encargadas de la gestión de sus propios residuos, su elección de enviarlos a España se basaba meramente en una estrategia para minimizar costos, dejando a las autoridades italianas con un problema que no estaban dispuestas a resolver. Esta dinámica ha beneficiado a la organización criminal, que ha acumulado más de 19 millones de euros en ingresos ilegales en los últimos cuatro años.

La Guardia Civil ha subrayado que estas acciones transgreden las leyes y los sistemas de control ambiental, que sostienen el principio de que cada nación debe ocupar un rol activo en la gestión de sus desechos. España, por lo tanto, no puede ser el destino final de residuos que le corresponden a Italia, una realidad que las autoridades deben abordar con urgencia.

Para ejecutar este ilícito, la organización ha interpuesto una serie de empresas que actúan como intermediarios ficticios entre los productores de residuos en Italia y los vertederos españoles. Estas entidades presentaban documentación que simulaba tratamientos de residuos que nunca se llevaron a cabo, garantizando así que la Agencia de Residuos Catalana pudiera emitir las pertinentes autorizaciones sin cuestionamientos.

Los efectos de estas prácticas son preocupantes, ya que día a día se estaban enterrando miles de toneladas de residuos de todo tipo, incluidos aquellos que son peligrosos, en las provincias de Tarragona y Cuenca. Esto plantea un riesgo significativo para los ecosistemas locales y para la salud de sus habitantes.

Durante el transcurso de la operación, se realizaron cinco registros en distintas localidades, incluyendo Lleida y Almonacid del Marquesado, donde se confiscó material informático y se tomaron muestras de los residuos involucrados, lo que ayudará a esclarecer los pormenores de estos delitos.

Además, la autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de propiedades y cuentas bancarias de los investigados, con miras a una posible restitución del daño causado por su actividad ilícita. Esta es una medida crucial para hacer frente a las consecuencias de las acciones de esta organización.

Es importante resaltar que, en mayo de 2021, el Consejo de la Unión Europea estableció prioridades en la lucha contra la delincuencia organizada y grave para el ciclo 2022-2025, entre las que destaca la lucha contra delitos ambientales. Con este enfoque, se busca desmantelar las redes delictivas implicadas en el tráfico de residuos y otras actividades que dañan el entorno.

Este fenómeno delictivo ha ido en aumento, creciendo entre un 5% y un 7% al año, convirtiéndose en la cuarta actividad criminal más prominente a nivel mundial, solo detrás del tráfico de drogas, la trata de personas y la falsificación. La operación, que fue supervisada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona, contó con la colaboración de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil y el apoyo de Europol, resaltando la magnitud de este problema y la necesidad de una acción coordinada para combatirlo.

Si bien la situación es alarmante, la respuesta de las autoridades nos muestra que no se tolerarán violaciones a la ley y que esfuerzos significativos se están realizando para proteger nuestro entorno del asedio del crimen organizado en el sector de residuos. Para más detalles sobre esta operación, los interesados pueden contactar con la oficina de prensa de la Jefatura del SEPRONA al número proporcionado.