La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tomado un firme posicionamiento respecto a Uber, enfatizando que la empresa deberá enfrentar severas consecuencias legales por los presuntos incumplimientos que está cometiendo en España. En su discurso del jueves, Díaz remarcó que el Gobierno español no permitirá que ninguna empresa, sin importar su tamaño, esté por encima de la ley.

Durante la presentación del 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027' —una iniciativa aprobada en Consejo de Ministros el 26 de agosto—, la ministra recordó que el Ejecutivo ya había tomado medidas similares contra otras empresas de plataformas digitales, citando como ejemplo a Glovo. “No vamos a permitir que Uber crea que puede hacer lo que le plazca en nuestro país”, afirmó con determinación.

Díaz subrayó la importancia de la 'Ley Rider', introducida en 2021 tras un consenso con sindicatos y empresarios, que busca mejorar la situación laboral de los repartidores. Según la ministra, la introducción de esta ley es un paso crucial hacia la eliminación de prácticas laborales inadecuadas, como el uso de falsos autónomos, que vulneran un derecho fundamental de los trabajadores.

En su intervención, la vicepresidenta también mencionó que el Gobierno, a través de la Inspección de Trabajo, hará todo lo necesario para investigar y sancionar a Uber por su aparente falta de cumplimiento con la legislación laboral española. “No se trata simplemente de una acción de control, sino de una defensa de los derechos de los trabajadores”, afirmó.

Agradeciendo el arduo trabajo de los inspectores, que han hecho posible la implementación de la 'Ley Rider', Díaz aseguró que esta legislación representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales en España. “Es una ley que no permite fisuras”, añadió, reforzando el compromiso del Gobierno con la justicia laboral.

En cuanto a la creación de un nuevo registro horario digital que el Gobierno ha promovido, la ministra destacó que este será accesible tanto para los trabajadores como para los sindicatos y la propia Inspección, favoreciendo la transparencia y el control en las jornadas laborales. Esto busca que se pongan fin a las 2,8 millones de horas extracurriculares no pagadas que afectan a numerosos trabajadores, convirtiendo esas horas en salarios y en tiempo de vida respetado.

El nuevo plan de Inspección, que prevé la incorporación de más inspectores y una sólida inversión en tecnologías, refleja el compromiso del Gobierno español de adaptarse a las necesidades laborales contemporáneas. Según Díaz, esto no solo permitirá mejorar la eficiencia de las inspecciones, sino que también se enfocará en áreas de alto riesgo laboral, así como en la lucha contra el fraude y la economía irregular.

La directora del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Cristina Fernández González, agregó que este plan refuerza el papel de la Inspección como un pilar fundamental para garantizar los derechos laborales en toda la ciudadanía. “Es esencial que la Inspección se fortalezca para abordar los nuevos desafíos que enfrentan los trabajadores en la actualidad”, recalcó.

Con una inversión de 28,5 millones de euros, el nuevo plan también incluye la creación de un laboratorio de informática forense que se especializará en la obtención de evidencias digitales, lo que ayudará a fortalecer las investigaciones sobre fraude laboral.

Además de la estrategia laboral, la Inspección de Trabajo ha lanzado su nueva imagen institucional, que incluye un rediseño de su logotipo y una modernización de su presencia en línea. Esta nueva identidad busca destacar el papel del organismo en la defensa de los derechos laborales y en la promoción de un entorno laboral justo y equitativo.

Con estas iniciativas, el Gobierno español reafirma su compromiso de avanzar hacia un futuro mejor para los trabajadores, garantizando sus derechos ante el creciente desafío que representan las plataformas digitales en el mercado laboral.