La segunda vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto de manifiesto que la reciente revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, acordada este martes con los sindicatos CCOO y UGT, representa un llamado urgente para actualizar una legislación fundamental que ha cumplido tres décadas, adaptándola a los desafíos del mercado laboral contemporáneo.

Durante la firma del acuerdo, Díaz subrayó que esta reforma es la más significativa que se llevará a cabo en su gestión, dado que impacta directamente en la salud y el bienestar de los trabajadores. Acompañada por los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la ministra enfatizó la importancia de esta norma en el contexto actual.

Vale destacar que el pacto ha sido sellado entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales, excluyendo a la patronal CEOE y Cepyme. Estas últimas no han querido formar parte del acuerdo después de que el Ministerio decidiera, el pasado noviembre, clausurar las negociaciones tripartitas, cansado de lo que su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, calificó como una actitud “inaceptable” de los empresarios.

Díaz expresó su aprecio por el esfuerzo del diálogo social en la consecución de este acuerdo, que ha sido producto de más de dos años de intensas negociaciones. Si bien lamentó la ausencia de un acuerdo tripartito con la patronal, consideró que el pacto logrado es un modelo ejemplar de colaboración social.

La ministra también criticó la falta de participación de la patronal, subrayando que se trata de una cuestión de Estado y no de política de partido, insistiendo en que no debería ser aceptable que en el siglo XXI haya personas que pierden la vida en sus trabajos. “Es una vergüenza que esto ocurra”, declaró, dejando en claro que proteger la salud de los trabajadores trasciende cualquier ideología.

Aunque CEOE y Cepyme no han firmado el acuerdo, según Díaz, estas organizaciones también han influido en la redacción de ciertos aspectos normativos. La ministra argumentó que su ausencia se debe a "motivos ajenos" al bienestar de los trabajadores.

La nueva legislación tiene como objetivo fortalecer la protección de los trabajadores frente a riesgos psicosociales, la desconexión digital y los impactos del cambio climático en el ámbito laboral. Se añade, además, un enfoque de género y se consideran la diversidad generacional y la edad en la gestión de riesgos de manera explícita.

El acuerdo contempla la creación de reglamentos específicos para abordar riesgos psicosociales y el cambio climático y mejorará la formación en prevención y la eficacia de los servicios de prevención en las empresas.

La reforma busca adaptarse a los nuevos desafíos del entorno laboral, incluyendo problemas como la salud mental, la digitalización y el teletrabajo. Díaz destacó la urgente necesidad de reducir la siniestralidad laboral, que continúa produciendo alrededor de 700 muertes anuales, además de mejorar la identificación de enfermedades profesionales.

La ministra insistió en que no se puede permitir que, en democracia, más de dos personas mueran diariamente en sus puestos de trabajo, señalando que esta reforma es crucial para el bienestar colectivo.

“Hoy, los riesgos laborales han evolucionado. Lo que antes era ciencia ficción, como las decisiones tomadas por algoritmos que pueden llevar a enfermedades, es una realidad”, advirtió Díaz, subrayando la necesidad de abordar estos aspectos de manera seria.

También mencionó que es inaceptable normalizar el agotamiento o la ansiedad laboral, remarcando que no son estados inevitables.

Este acuerdo se alinea con el reconocimiento internacional, por parte de la OIT, del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable y está en consonancia con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

El Ministerio de Trabajo procederá a tramitar como anteproyecto de ley la actualización de esta normativa, que ha estado vigente desde 1995, comprometiéndose a modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otros reglamentos relacionados.

Además, esta reforma integra por primera vez una definición de violencia y acoso laboral desde una perspectiva preventiva, alineándose con el Convenio 190 de la OIT y estableciendo la responsabilidad de las empresas en la identificación de tales riesgos.

Se tomarán en cuenta circunstancias específicas como el embarazo y la lactancia, desde una lógica preventiva, y se incluirá la experiencia y el contexto de cada trabajador en la gestión de riesgos.

Al respecto, los líderes de CCOO y UGT, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han solicitado a los partidos políticos que traten esta norma con la seriedad y urgencia que merece, instando a que no se convierta en parte del “espectáculo” político habitual.

Álvarez criticó la postura de la patronal por no estar presente en este acuerdo y afirmó que poseen los recursos necesarios para mejorar la prevención de riesgos laborales y los salarios de sus empleados.

Sordo, por su parte, destacó la problemática del subregistro de enfermedades relacionadas con el trabajo y enfatizó que esta reforma es una queja histórica del sindicalismo para visibilizar problemas laborales que han crecido en los últimos tiempos, incluidos los riesgos psicosociales, que están detrás de muchas incapacidades laborales.

Finalmente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al ser consultado sobre el acuerdo, lo consideró un retroceso hacia un “monólogo social” y no un verdadero diálogo entre las partes.